El proyecto de ley de cupos, que pretende regular el crecimiento
urbanístico fijando un tope de licencias urbanísticas en cada
municipio de las Islas, quedó ayer prácticamente desmantelado en su
primer trámite parlamentario después de que UM se abstuviera en las
enmiendas presentadas por el PP, con lo que facilitó su aprobación.
Todas las enmiendas del PP eran de supresión de artículos, por lo
que el texto aprobado ayer en ponencia no tiene relación con el que
envió el Govern al Parlament.
Tanto el PSOE como UM mostraron en la reunión de ponencia su
disposición a transaccionar algunas enmiendas que habían presentado
los nacionalistas. UM retiró siete de las doce enmiendas
presentadas, pero se negó a retirar las otras cinco, que trató de
negociar con el Pacte. Por su parte, también el PSOE hizo una
oferta de negociación que no fue aceptada por los
nacionalistas.
En consecuencia, UM votó a favor de sus enmiendas y se abstuvo
tanto en el texto del Govern como en las enmiendas del PP, lo que
provocó que se aprobaran las propuestas de los populares, con
mayoría en la ponencia, y se suprimieran varios artículos.
Los representantes del Pacte y de UM se acusaron mutuamente de
la imposibilidad de acuerdo durante la reunión. Para el socialista
Antoni Diéguez, el PSOE hizo todo lo posible por llegar a un
acuerdo pero UM se mostró inflexible. El nacionalista Miquel Nadal,
por su parte, culpó al PSM de querer presentarse a las elecciones
«con un fracaso territorial y en ello han conseguido convencer al
PSOE».
Para el portavoz del PSM Antoni Alorda UM votó, en la práctica,
a favor del PP y trató de hacer «chantaje» con sus propias
enmiendas. Aseguró que se trataba de un hecho «muy grave» y pidió a
UM que recapacite y vote en comisión a favor del voto particular
del Pacte para tratar de recuperar el texto original de la ley
presentada por el Govern en su día.
Por otra parte, aunque también en relación con asuntos
territoriales, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB)
ha dictado una providencia por la que decide elevar al Tribunal
Supremo la aprobación de la moratoria por parte del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera. El TSJB ha aceptado de esta forma el
recurso de casación presentado por el Grup de Consellers Populars
de este Consell, lo que significa que previsiblemente adoptará la
misma resolución ante recursos similares presentados en Mallorca y
en Menorca por ayuntamientos del PP y por promotores afectados por
el parón urbanístico.
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