Jueces de lo Penal e Instrucción de Palma se reunieron ayer en
junta para debatir con el juez decano, Pere Barceló, el seguimiento
que están realizando de la evolución real de las cargas de trabajo
de los juzgados en el marco del Plan de Implantación de Juicios
Rápidos, que se pondrá en marcha en todo el Estado a partir del
próximo 28 de abril. Ese sistema permitirá a los jueces dictar
sentencia en 72 horas en los casos de faltas y en un máximo de 15
días cuando se trate de delitos que requieran una pena no superior
a los cinco años.
Jueces, fiscales y abogados consideran que la implantación de
los juicios rápidos permitirán agilizar los trámites en los
procesos penales de pequeños delitos, especialmente si el
delincuente ha sido sorprendido «in fraganti». De esta manera, se
resolverán, según las primeras previsiones, entre el 60 y el 70% de
los asuntos de los juzgados de Instrucción, lo que permitirá dotar
de una mayor rapidez a la Justicia. Para poner en marcha este
procedimiento, habrá dos jueces de guardia durante las 24 horas del
día y las guardias semanales se prolongarán hasta un octavo día, en
el que se solapará el trabajo de dos juzgados y uno de ellos se
podrá dedicar, exclusivamente, a realizar juicios rápidos.
Las guardias de disponibilidad de los fiscales también se
duplican para poder atender a los detenidos, calificar e informar
al juez, a fin de que éste pueda dictar las sentencias. Este
reforzamiento del trabajo conllevará una inversión, por parte del
Ministerio de Justicia, de 22,3 millones de euros, a los que habrá
que unir otro montante económico, aún no especificado, para
permitir un acceso informático directo al Registro Central de
Penados y Rebeldes.
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