El texto aprobado que contó con la abstención de socialistas,
nacionalistas canarios, Grupo Mixto y Entesa Catalana de Progrés
insta al Gobierno para que «el Ministerio de Fomento a través de la
Dirección General de la Aviación Civil, atendiendo al conjunto de
los problemas de tráfico aéreo de las Illes Balears y de cada una
de las islas, arbitre las medidas necesarias para resolver la
actual situación, incluso mediante el establecimiento de
obligaciones de servicio público».
Todos los grupos políticos coincidieron en la necesidad de
establecer la obligatoriedad de servicio público en las rutas que
enlazan Mallorca con la península así como en las interinsulares,
consenso que no se hizo extensivo a los «plazos y medidas».
El senador del PP por Menorca, José Seguí hizo alarde del gasto
destinado a subvenciones en Balears, así como a la «excelente
acogida» que tuvo en 1998 el descuento del 33 por ciento en los
billetes «que al final no supuso ninguna ventaja para los isleños
que vieron cómo las compañías aéreas aprovecharon para subir las
tarifas».
Seguí tachó de «incompleta» la petición del Govern que
solicitaba una declaración parcial de rutas de servicio público en
las Islas y aprovechó para pedir la constitución de una comisión
mixta para tratar las tarifas máximas y traslados urgentes de
determinados colectivos. El Grupo Mixto, representado por Manuel
Cámara, recordó que la obligación de iniciar las negociaciones para
alcanzar dicha obligatoriedad ya se aprobó en 1997.
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