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Existen en el presente problemas suficientemente serios como para que algunos piensen que resulta un tanto gratuito hablar del futuro. No obstante, la gravedad de los mismos no permite dejarlos de lado. Nos referimos a esa seria advertencia que la Unión Europea ha hecho a España y que establece que nuestro actual sistema de pensiones es inviable. El aviso es muy claro: España afrontará en las próximas décadas uno de los mayores incrementos del coste público de las pensiones y de la tasa de dependencia de las personas jubiladas. El coste de las pensiones pasará del 9,4 % del PIB en el 2000 al 17,3% en el 2050, lo que representa un aumento del 84%, siempre siguiendo el informe aludido, que pone de relieve que en el conjunto de la UE ese incremento será tan sólo del 27,9%. Lo de las pensiones en nuestro país es un problema que viene de antiguo. Una Seguridad Social magnificada por el franquismo en todos sus aspectos, jamás ha circulado por cauces de sensatez; ni los respectivos gobiernos de la UCD, ni los socialistas, ni los conservadores del PP -incluyendo la reciente ley de reserva de pensiones- han cogido realmente el toro por los cuernos. La reserva financiera que existe aquí para hacer frente a la avalancha de jubilaciones que se avecina en los próximos años es, según los cálculos europeos, del todo insuficiente. Y en este sentido, las optimistas perspectivas perfiladas por el Gobierno de Aznar quedan únicamente como eso, puro optimismo. En este momento, los españoles con empleo sólo representan el 57% de las personas en edad de trabajar -es decir, entre 15 y 64 años-, a la vez que dicho porcentaje desciende forma alarmante si hablamos del sector de población que se encuentra entre los 55 y los 64 años. En tales circunstancias, la quiebra de las finanzas públicas es algo que no pertenece en absoluto al campo de la especulación pesimista.