El president del Govern, Francesc Antich, y el Conseller
d'Innovació i Energia, Príam Villalonga, anunciaron ayer que el
Consell de Govern dará hoy el visto bueno al decreto de regulación
de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, un norma estatal
consensuada entre el Gobierno central y los gobiernos de Balears,
Canarias, Ceuta, y Melilla, que supondrá para los grandes
consumidores del Archipiélago balear un ahorro estimado de 6
millones de euros anuales.
El conseller d'Innovació i Energia explicó que dicho decreto
tiene por objetivo garantizar la calidad del servicio y la igualdad
de precios a ciudadanos y empresas de los territorios españoles
extrapenisnulares, mediante la retribución a las compañías
generadoras del diferencial de costes que soportan como
consecuencia de la insularidad. Estas ayudas, según dijo el
conseller, quedan fijadas por grupos de producción, por lo que
varían según su naturaleza y el combustible que utilizan. También
establece los canales de instalación de empresas energéticas en
dichos territorios.
El cálculo de ahorro para los grandes consumidores de Balears,
efectuado por la Conselleria de Energía, se ha basado en datos
estadísticos de finales de 2000 que establecían que los grandes
consumidores de electricidad de la Península se habían ahorrado en
ese ejercicio hasta un 20 por ciento por los descuentos. Villalonga
precisó que este dato sólo se podría dar «en el mejor de los casos»
y situó la media de ese ahorro «en torno al diez por ciento», que
es el tomado por los expertos de la Conselleria para establecer sus
cálculos.
En todo caso, una vez aprobado por los gobiernos autonómicos
extrapeninsulares, el decreto deberá de contar con el informe
jurídico favorable del Ministerio de Economía, otro preceptivo pero
no vinculante de la Comisión Nacional de Energía y, finalmente, la
aprobación del Consejo de Estado, lo que se traducirá en un retraso
de unos 9 meses, según estimó Villalonga, en un proceso que se
prolonga desde 1997 cuando se dictó la Ley eléctrica del Estado y
acentuado desde el inicio de los procesos de liberalización del
sector.
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