08/04/03 0:00
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N. D./EFE
El Tribunal Constitucional (TC) estudiará si la norma del Parlament balear que permite a instituciones supramunicipales actuar en materia de residuos sólidos en un determinado término municipal sin necesidad de autorización por parte del consistorio vulnera la autonomía local. El TC ha admitido a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por dieciséis ayuntamientos gobernados por el PP en contra de una disposición incluida en la ley de presupuestos del año 2000, aprobada a finales de 1999. El Govern introdujo este artículo en la ley de acompañamiento de los presupuestos para evitar que el Ajuntament de Palma pusiera problemas a las nuevas instalaciones de tratamiento de residuos en la zona de Son Reus. El Govern quiso evitar problemas administrativos como los que se presentaron en la pasada legislatura, que habrían dificultado la construcción de las plantas de selección de envases, de compostaje y de metanización.

Esa primera norma, del año 1999, aplicaba ese régimen a actuaciones sobre todo tipo de residuos y fue modificada en el año 2000 por iniciativa conjunta del Govern y de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), de modo que sólo pudiera aplicarse «en materia de residuos sólidos». El texto recurrido, y que analizará ahora el TC, señala que «la ejecución de actividades de interés supramunicipal previstas en un Plan Territorial Parcial o en un Plan Director Sectorial, en materia de residuos sólidos, que exija su calificación, instalación, apertura o funcionamiento, no estará sujeta al régimen de licencias, autorizaciones e informes establecido en esta ley».

Los ayuntamientos que firman el conflicto son los de Palma, Llucmajor, Consell, Lloret de Vistalegre, Andratx, Santanyí, Sa Pobla, Bunyola, Campos, Selva, Sencelles, Valldemossa, Deià, Estellencs, Escorca y Muro. Ese grupo de municipios ya planteó conflicto en defensa de la autonomía local contra la primera norma y, al no estar de acuerdo tampoco con su modificación posterior, presentó un nuevo conflicto que es el que ahora estudia el Constitucional.