Un momento de la reunión celebrada ayer por representantes de Justicia, jueces y fiscales. Foto: SEBASTIÀ AMENGUAL

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El Ministerio de Justicia ha triplicado su inversión en Balears para poner en marcha la Ley de Juicios Rápidos, que entrará en vigor en mayo, dijo Alberto Dorrego, director de Modernización de la Justicia, en la rueda de prensa que ofreció junto al portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, y el juez decano de Palma, Pere Barceló. «La Justicia no se puede ir de vacaciones en verano», dijo Dorrego, quien reiteró que la imagen de las Islas como destino vacacional «mejorará» en Europa si un turista que es víctima de un robo, por ejemplo, comprueba que su caso es resuelto de forma inmediata, incluso, durante su estancia. La entrada en vigor de los juicios rápidos conllevará una serie de innovaciones, según los representantes de la Administración Justicia. Los seis partidos judiciales de Baleares (Palma, Inca, Manacor, Eivissa, Maò y Ciutadella) tendrán juzgados de guardia reforzados con más jueces, fiscales y funcionarios.

En Palma se ha creado un nuevo juzgado de guardia que atenderá las incidencias en el ámbito penal o civil las 24 horas del día, con lo cual serán tres los jueces que resolverán los distintos asuntos que entren en los juzgados. En los otros cinco partidos judiciales, un día a la semana coincidirán dos jueces de guardia y en otra jornada se concentrarán todos los juicios de faltas. El Ministerio Fiscal habilitará siete fiscales de guardia cada día, dos de ellos en Palma y el resto en Inca, Manacor, Eivissa, Maó y Ciutadella.

«Con ello pretendemos cambiar el método de trabajo, racionalizarlo y otorgarle más eficacia», explicó Dorrego. Previamente, los representantes de la Administración de Justicia habían celebrado una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Angel Reigosa, el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, y jueces de Instrucción y de lo Penal para debatir la entrada en vigor de los juicios rápidos. Dorrego afirmó que esta reestructuración del método de trabajo en Balears «tiene un coste elevado», ya que triplica la inversión del Ministerio de Justicia en las islas y cifró 1'5 millones de euros el coste anual de un juzgado de guardia las 24 horas. Enrique López dijo que el tercer juez que apoyará las guardias en Baleares entre los meses de mayo y septiembre «será profesional» y no tendrá la categoría de sustituto.