El president de Govern, Francesc Antich, explicó ayer las
dificultades económicas, sociales y territoriales de la insularidad
al comisario de Política Regional de la Unión Europea (UE), Michel
Barnier, durante una reunión que mantuvieron por la mañana en
Bruselas. El objetivo del encuentro era el de mostrar a Barnier las
propuestas y enmiendas de las islas europeas recogidas por la
Comisión de Regiones Periféricas en la reunión que ésta celebró en
Palma el pasado 14 de marzo.
Estas enmiendas llegarán a la Convención Europea, que en la
actualidad está debatiendo el contenido del futuro Tratado
Constitucional de la UE. A la salida de su entrevista con Barnier,
Antich declaró que la futura Constitución europea debe incluir
criterios de cohesión territorial y no limitarse a los económicos y
sociales. En este sentido, la peculiaridad geográfica y territorial
de las regiones insulares debe tener una respuesta adecuada a sus
necesidades por parte de las instituciones y las legislaciones
europeas. En el mismo caso se encontrarían las regiones de
montaña.
En el trasfondo de todas estas cuestiones se sitúa la ampliación
de la Unión. La incorporación de nuevos países obligará a
redistribuir las ayudas europeas, básicamente fondos estructurales
y de cohesión. El president del Govern defendió ante Barnier que
los territorios insulares como Balears no pueden salir perjudicados
por esta redistribución de fondos, ya que cuestiones muy
importantes para los ciudadanos, como por ejemplo los transportes,
el medio ambiente, la energía, los residuos o la presión turística
están muy condicionadas por la insularidad, lo que se traduce en
sobrecostes económicos que desequilibran la competitividad de las
empresas y la equidad respecto a los conciudadanos
continentales.
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