El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de
Madrid, Ignacio Díez-Picazo Giménez, defendió ayer en Palma la
viabilidad de la nueva ley de juicio rápidos, que entrará en vigor
el lunes. «Yo participé en la elaboración del borrador de la ley de
juicios rápidos, y a mí me parece que es una ley factible, que se
puede llevar a la práctica», afirmó ayer, poco antes de pronunciar
la conferencia «La reforma del procedimiento abreviado y del juicio
de faltas» en unas jornadas sobre «La reforma del proceso penal»
celebradas por la Escuela de Práctica Jurídica en la sede del
Colegio de Abogados. Los letrados mantienen serias dudas sobre la
eficacia de la nueva norma, según quedó de manifiesto ayer.
«Evidentemente», añadió, «no porque se apruebe una ley cambia la
realidad inmediatamente, y por lo tanto, con la entrada en vigor de
la normativa a partir del 28 de abril se van a plantear problemas.
La ley en sí misma, aunque creo que mejora técnicamente lo que era
anteriormente la regulación anterior de los juicios rápidos, no es
el factor decisivo, como lo demuestra el que antes con una ley
muchísimo más escueta había lugares de España donde los juicios
rápidos estaban funcionando, y lo hacían muy bien, como por ejemplo
Barcelona».
Según Díez-Picazo Giménez, «hay otros retos, como son la
dotación de medios materiales y personales suficientes, donde según
parece, aunque no tengo datos de todo el territorio español, se
están haciendo esfuerzos muy notorios». Afirmó, asimismo, que con
respecto de hurtos y robos flagrantes y la posibilidad del
enjuiciamiento rápido, «un turista en una isla como ésta, pueda ver
cómo el juicio se celebra durante su estancia, y eso será algo
perfectamente posible».
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