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El presidente de la EMT, Pedro Àlvarez, pidió ayer que el Govern declare nulo el concurso para adjudicar el transporte público en Calvià. Cabe recordar que el pasado lunes, Àlvarez dio a conocer que recurriría, por presunto «fraude de ley», la decisión tomada por la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports de excluir finalmente a la EMT de la posibilidad de participar en el concurso restringido para la adjudicación del corredor de transporte público interurbano Palma-Calvià-Andratx. La otra empresa que optaba a cubrir dicho corredor, Transabús, conocerá en los próximos días si se le adjudica este servicio, que se prolongará hasta 2015.

La EMT considera que el Govern actual se encuentra en funciones y que, por tanto, según la Llei 14/2001 «no puede adoptar decisiones que exceden de la gestión ordinaria». Un informe jurídico de la Conselleria dice, por contra, que el Govern «no estará en situación de 'en funciones' hasta el cese del actual presidente del Govern». El secretario del Ajuntament de Palma, Agustí F. Estela, considera, por su parte, que si bien de la lectura de los artículos 6 y 18 de la Llei 14/2001 podría deducirse que el Govern no está en funciones, «no obstante, no resulta ético que tras la celebración de unas elecciones en las que ha habido un cambio de signo político se tome una decisión de tanta importancia como la del corredor, que podría condicionar la creación del futuro consorcio», que contará con la participación de la EMT, las empresas de transporte interurbano y Serveis Ferroviaris de Mallorca, y añadió que si la EMT ganase el recurso presentado, la indemnización a Transabús podría ser millonaria.

«Ante los informes contradictorios y las dudas jurídicas surgidas a lo largo de todo el proceso entre el Govern y la EMT, así como ante el resultado de las elecciones, que supone un cambio, y ante el hecho de que no existe la urgencia de tomar mañana mismo una decisión sobre la adjudicación del corredor, creo que por el bien de todos los ciudadanos afectados debemos reunirnos todas las partes implicadas para intentar llegar a un acuerdo», dijo, y añadió: «Debe regir el principio de colaboración institucional».