En materia educativa, este informe del Defensor del Pueblo se
hace eco del importante aumento de demanda de puestos escolares que
se han producido durante 2002 en Palma. Asimismo señala que esta
deficiencia de ha abordado a través de medidas provisionales como
el aumento del número de alumnos por aula o habilitando como aulas
espacios que, de acuerdo con la normativa sobre requisitos mínimos
de los centros docentes no universitarios, deberían utilizarse para
otras finalidades.
El Defensor del Pueblo incluye Balears entre las comunidades
autónomas que han registrado anomalías en la admisión de alumnos en
las escuelas, lo que ha motivado numerosas quejas ante esta
Institución. Concretamente hace alusión a las prácticas de
falseamiento en las que incurren los padres solicitantes de plazas
escolares para sus hijos sobre los datos de baremación de las
solicitudes, sobre todo en el empadronamiento.
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