Margarita Nájera, alcaldesa de Calvià en funciones, aparece
implicada en siete casos distintos, acusada de cohecho,
prevaricación y malversación de fondos públicos, entre otros
delitos. Todos ellos se encontraban en distintas fases judiciales.
De pronto, nada menos que el fiscal general del Estado, Jesús
Cardenal -no olvidemos que lo nombra el Gobierno central- ordena a
la Fiscalía Anticorrupción que asuma todos los asuntos relacionados
con Nájera y dispone que se nombre a un fiscal especial de Balears
para que coordine las siete causas, bajo la dirección de la
Fiscalía Anticorrupción.
Y sorprende porque si lo que se pretendía es algo tan lógico
como que se agrupen los distintos sumarios en el seno de la
Fiscalía balear y se investiguen conjuntamente, bastaba que así lo
hubiera decidido el fiscal jefe de Balears. Ahora bien, si lo que
se pretendía era el efecto mediático, evidentemente se ha
conseguido. No cabe duda de que la intervención del fiscal general
y de la Fiscalía Anticorrupción tiene graves consecuencias, al
menos de cara a la opinión pública.
También ha sorprendido el momento elegido por Cardenal para
actuar: justo cuando se están negociando los pactos
postelectorales. Cabe imaginarse qué efecto podía haber tenido su
orden si se hubiese producido en plenas elecciones.
No se trata de salir en defensa de Nájera. La hasta ahora
alcaldesa -cuyo ciclo político parece totalmente acabado- es
sospechosa de numerosas irregularidades que deben ser investigadas
hasta el final y por las que debe responder de confirmarse los
indicios hallados. Si ha abusado de su cargo en provecho propio,
como mantienen las acusaciones, debe caer sobre ella todo el peso
de la ley. En este camino estaban los distintos juzgados de
instrucción de Palma que investigan los sumarios de Nájera. Con
intervención de la Fiscalía Anticorrupción o sin ella, los jueces
harán el trabajo que se espera de ellos: impartir justicia.
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