El PP denunció ayer que la última reunión del Govern de Antich haya
autorizado el incremento de la deuda de algunas empresas públicas,
además de comprometer el pago de convenios y la aprobación de
contratos millonarios. En total, según la diputada Mabel Cabrer, el
Govern de Antich aprovechó su última reunión antes del traspaso de
poderes para comprometer gastos por un valor de 101'7 millones de
euros (16.921 millones de pesetas). «Es escandaloso que un Govern
en funciones como el actual, que no volverá a gobernar después de
las elecciones, actúe como si fuera un Ejecutivo normal en lugar de
limitarse a aprobar iniciativas de trámite; ha sido un ejemplo de
un Govern sectario», acusó Cabrer.
Entre algunos de los acuerdos, el Govern permite a la empresa
pública Ibasan que incremente en 24 millones su endeudamiento, y el
Ejecutivo compromete el pago de 2 millones para que se desarrolle
un convenio entre el Consell de Menorca y el Ajuntament de Maó que
concluirá en el año 2020. La empresa pública Parc BIT también
recibirá una inyección económica de 7'4 millones de euros a través
de una autorización de deuda, y Serveis Ferroviaris de Mallorca ya
tiene los permisos necesarios para aumentar su endeudamiento en 51
millones de euros. La empresa pública Ibaen podrá asumir más deuda
en el futuro: 12 millones de euros.
La dirigente popular criticó con especial énfasis la decisión
del Govern de firmar un convenio con el Consell de Menorca para
asuntos relacionados con el transporte público por un valor de 1'8
millones de euros. El Ejecutivo deberá financiar, además, un
convenio entre el Consell Insular de Menorca y el Ajuntament de Maó
de 2 millones para consolidar los acantilados. «Estos convenios
hipotecan los presupuestos de la Comunitat», subrayó Cabrer. La
dirigente del PP denunció que entre los acuerdos se incluye la
convalidación de una factura de 149.000 euros por unas obras en el
polideportivo Prínceps d'Espanya que carecían de expediente
administrativo. Según un informe del Govern, que fue difundido por
el PP, los funcionarios encargados de tramitar el expediente no
realizaron el concurso «por falta de experiencia».
Cabrer prometió que, una vez que el PP regrese al poder, uno de
los primeros cometidos será volver atrás algunos de los acuerdos
adoptados ayer por el Govern de Antich. «El traspaso no ha sido tan
legítimo ni transparente como prometió Antich», lamentó la
hipotética nueva consellera del primer gabinete de Matas. Cabrer
subrayó que el incremento de deuda de las empresas públicas es
especialmente significativo ya que desde hace tiempo el PP denuncia
que la situación financiera de estas entidades ha empeorado durante
la última legislatura. La dirigente del PP explicó que se puso en
contacto con el secretario general técnico de Presidència, Fernando
Pozuelo, para pedirle explicaciones por la celebración de este
Consell de Govern. El PP creía que el Ejecutivo convocaría una
rueda de prensa para explicar las importantes decisiones adoptadas
en la última reunión, aunque finalmente desde el Consolat de Mar se
decidió no informar a los periodistas. Sí lo hizo el PP después de
tener acceso a toda la documentación que se entrega a los
integrantes del Govern, que en la reunión de ayer debían aprobar
casi 80 puntos del orden del día.
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