La Federación Socialista Madrileña (FSM) ha decidido cerrar
filas en torno a Rafael Simancas y presentarlo como la «víctima de
una conspiración», todo ello tras lo acontecido en la Asamblea de
la Comunidad con los dos diputados tránsfugas. Desde el PSOE se han
apuntado intereses urbanísticos e inmobiliarios y se ha pedido a
los diputados «traidores» que devuelvan sus escaños.
En primer lugar hay que señalar que la responsabilidad inicial
es de los mismos socialistas madrileños. Se hace muy difícil de
entender que ningún representante del PSOE supiera nada de las
disensiones internas hasta el mismo momento de la votación del
presidente de la Asamblea. De hecho, a nadie se escapa que la FSM
ha sido un nido de divergencias a lo largo de los últimos años.
Por otro lado, si existen indicios de que la conducta de los dos
diputados tiene que ver con algún presumible comportamiento
delictivo, hay que poner los hechos y la documentación de que se
disponga en manos de las autoridades judiciales para que
investiguen y, en su caso, castiguen a quienes hayan podido cometer
o instigar los mismos.
En estas circunstancias, el Partido Popular debe actuar desde la
transparencia. Aprovecharse nuevamente de los disidentes
socialistas sería un grave error político y sería, además, faltar a
una mínima normativa ética.
Si la situación no se resuelve es posible que haya que acudir a
nuevos comicios, como ya han insinuado y pedido los populares en
reiteradas ocasiones. El resultado de los mismos es una incógnita,
pero sería deseable que no se repitieran hechos semejantes. Para
ello es preciso que los partidos políticos sepan con quiénes
cuentan en sus filas y sepan, también, cómo responderán una vez
elegidos.
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