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La Federación Socialista Madrileña (FSM) ha decidido cerrar filas en torno a Rafael Simancas y presentarlo como la «víctima de una conspiración», todo ello tras lo acontecido en la Asamblea de la Comunidad con los dos diputados tránsfugas. Desde el PSOE se han apuntado intereses urbanísticos e inmobiliarios y se ha pedido a los diputados «traidores» que devuelvan sus escaños.

En primer lugar hay que señalar que la responsabilidad inicial es de los mismos socialistas madrileños. Se hace muy difícil de entender que ningún representante del PSOE supiera nada de las disensiones internas hasta el mismo momento de la votación del presidente de la Asamblea. De hecho, a nadie se escapa que la FSM ha sido un nido de divergencias a lo largo de los últimos años.

Por otro lado, si existen indicios de que la conducta de los dos diputados tiene que ver con algún presumible comportamiento delictivo, hay que poner los hechos y la documentación de que se disponga en manos de las autoridades judiciales para que investiguen y, en su caso, castiguen a quienes hayan podido cometer o instigar los mismos.

En estas circunstancias, el Partido Popular debe actuar desde la transparencia. Aprovecharse nuevamente de los disidentes socialistas sería un grave error político y sería, además, faltar a una mínima normativa ética.

Si la situación no se resuelve es posible que haya que acudir a nuevos comicios, como ya han insinuado y pedido los populares en reiteradas ocasiones. El resultado de los mismos es una incógnita, pero sería deseable que no se repitieran hechos semejantes. Para ello es preciso que los partidos políticos sepan con quiénes cuentan en sus filas y sepan, también, cómo responderán una vez elegidos.