La junta directiva del Colegio de Abogados de Balears debatirá
próximamente la rigurosa observancia de las incompatibilidades
legalmente establecidas para un abogado cuando es elegido para
desempeñar un cargo público ejecutivo. En ese momento, debe causar
baja de forma automática en el registro de abogados ejercientes en
Balears para un efectivo cumplimiento del ordenamiento deontológico
de la profesión de abogado.
Si el propio letrado no se da de baja, entonces actuará el
Colegio de Abogados para cumplimentar ese trámite, según
confirmaron a Ultima Hora distintas fuentes vinculadas a despachos
de letrados en Palma.
Todos los consellers, directores generales y secretarios
generales técnicos cuya profesión sea la de abogado deben
inscribirse en la lista de abogados no ejercientes. No ocurre lo
mismo en el caso de abogados que desempeñen funciones de diputado
del Parlament, ya que no manejan información privilegiada, según
explicó uno de ellos. «Yo he perdido más clientes de los que he
ganado por mi conocida vinculación política al PSIB-PSOE», dijo
Antoni Diéguez.
«Un abogado que preste servicios para la Administración no puede
dirigir asuntos en los que se vea afectada, como parte contraria,
la administración para que la presta sus servicios, extendiéndose
dicha incompatibilidad a cualquier abogado colaborador del
despacho, cualquiera que sea la forma de asociación entre ellos al
objeto de que no pueda favorecer la competencia desleal», señala
una de las conclusiones del VIII Congreso de Abogacía, que los
letrados de Balears quieren aplicar a rajatabla.
Todo ello, debido a numerosas denuncias recibidas por
actuaciones, como mínimo dudosas, de abogados con cargos en
ayuntamientos o consells insulares que llevan en sus despachos
asuntos muy relacionados con las funciones ejecutivas que
desarrollan.
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