P. Candia11/10/03 0:00
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La junta directiva del Colegio de Abogados de Balears debatirá próximamente la rigurosa observancia de las incompatibilidades legalmente establecidas para un abogado cuando es elegido para desempeñar un cargo público ejecutivo. En ese momento, debe causar baja de forma automática en el registro de abogados ejercientes en Balears para un efectivo cumplimiento del ordenamiento deontológico de la profesión de abogado.

Si el propio letrado no se da de baja, entonces actuará el Colegio de Abogados para cumplimentar ese trámite, según confirmaron a Ultima Hora distintas fuentes vinculadas a despachos de letrados en Palma.

Todos los consellers, directores generales y secretarios generales técnicos cuya profesión sea la de abogado deben inscribirse en la lista de abogados no ejercientes. No ocurre lo mismo en el caso de abogados que desempeñen funciones de diputado del Parlament, ya que no manejan información privilegiada, según explicó uno de ellos. «Yo he perdido más clientes de los que he ganado por mi conocida vinculación política al PSIB-PSOE», dijo Antoni Diéguez.

«Un abogado que preste servicios para la Administración no puede dirigir asuntos en los que se vea afectada, como parte contraria, la administración para que la presta sus servicios, extendiéndose dicha incompatibilidad a cualquier abogado colaborador del despacho, cualquiera que sea la forma de asociación entre ellos al objeto de que no pueda favorecer la competencia desleal», señala una de las conclusiones del VIII Congreso de Abogacía, que los letrados de Balears quieren aplicar a rajatabla.

Todo ello, debido a numerosas denuncias recibidas por actuaciones, como mínimo dudosas, de abogados con cargos en ayuntamientos o consells insulares que llevan en sus despachos asuntos muy relacionados con las funciones ejecutivas que desarrollan.