Estas dos disposiciones dejan de hecho a los ayuntamientos sin la
competencia de conceder las licencias propias, algo que ya hizo el
Pacte en materia de residuos. El proyecto de ley aprobado la semana
pasada por el Consell de Govern y remitido el miércoles al
Parlament regula la creación de la futura televisión pública,
disuelve las cámaras agrarias, permite la construcción de viviendas
unifamiliares en las Àreas Naturales de Especial Interés de Eivissa
y Formentera, crea una reserva natural en esta última isla y
legaliza viviendas ubicadas en zonas costeras que cumplan unas
determinadas condiciones en Eivissa. Una de las cuestiones más
importantes, adelantada por Ultima Hora, es que los parques
naturales sólo incluirán fincas públicas.
El proyecto establece además excepciones en el soterramiento de
líneas de alta tensión, da un plazo de dos años para que se
legalicen pozos de agua abiertos desde 1985, declara de interés
general numerosas infraestructuras hidráulicas y califica de bien
de servicio público el agua en alta para uso doméstico, ya sea de
titularidad pública o privada. Eso permitirá al Govern comprar agua
a los particulares con un precio público fijado previamente.
Entre las modificaciones legislativas destacan las que afectan a
las empresas públicas. El proyecto de ley crea cuatro nuevas
empresas públicas: la Escuela Balear de Administración pública y
otras tres más dedicadas al fomento de la calidad turística, a la
gestión de los parques naturales y a la realización de inversiones
en materia educativa. Suprime otra empresa, el Institut Balear
d'Afers Socials (IBAS), e introduce cambios en el Institut Balear
de l'Aigua i l'Energia (Ibaen), que dejará de ocuparse de todas las
materias que estén relacionadas con la energía.
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