Por este motivo el teniente de alcalde de Urbanismo, Rodrigo de
Santos, reunió ayer a los representantes de seis colegios
profesionales que de una u otra manera intervendrán en el proceso
de inspección. Administradores de fincas, arquitectos,
aparejadores, ingenieros técnicos, ingenieros industriales e
ingenieros de caminos, analizaron -junto a partidos de la oposición
y entidades ciudadanas- el borrador de ordenanza que Cort quiere
aprobar en el próximo pleno de finales de noviembre. Una de las
medidas que prevé el proyecto es la obligatoriedad de los
propietarios de presentar un certificado que acredite un estado
óptimo de la estructura del inmueble y de todos los elementos
exteriores que puedan afectar a terceros.
Este certificado se obtendrá después de la correspondiente
inspección siempre que ésta sea positiva. Caso contrario el
Consistorio dará un plazo para subsanar las posibles deficiencias.
En este sentido está previsto que si la comunidad de vecinos no
puede hacer frente a las reparaciones más urgentes el Ajuntament
procederá a la ejecución de las mismas y después pasará la
factura.
El borrador de ordenanza también prevé la creación de un
registro, integrado en la Gerencia de Urbanismo, que controlará que
todos los edificios presenten el mencionado certificado. Las fincas
más antiguas (de más de 100 años) tendrán dos años para presentar
el documento a partir de la puesta en marcha del ITE.
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