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Tal como publicaba ayer este diario y según datos del año 2001, un 30 por ciento de los escolares de las Islas se ha sentido amenazado alguna vez en los centros docentes. En este sentido, el director general de Administración e Inspección Educativa aclaró que en los últimos años este porcentaje se ha reducido al 25 por ciento, «sentirse amenazado es algo muy subjetivo -reconoció-, pero lo que sí que se puede constatar es el número de alumnos expedientados, que está entorno al 4 por ciento». A los alumnos que son denunciados por alguna amenaza verbal, física o por alterar la convivencia en el centro se les abre un expediente que puede acabar con la expulsión, con la imposición de una falta o, en algunos casos, con el archivo de la denuncia.

Jaume Juan explicó que a partir de ahora, y siguiendo las directrices previstas por la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), «los mismos directores de los centros podrán resolver estos expedientes», de esta manera se pretende solventar el problema de la falta de autoridad y de respeto hacia los profesores. Según explicó Jaume Juan, «aunque la conflictividad de los centros ha bajado un poco, seguimos teniendo un problema y somos conscientes de ello». El director general añadió que la mayoría de los niños o jóvenes que protagonizan conflictos con sus compañeros provienen de familias desestructuradas y «nos encontramos frente a un problema social más que de las escuelas».

Precisamente por que la Conselleria d'Educació considera que nos encontramos ante un problema social, se disponen profesores de apoyo y trabajadores sociales para que intermedien entre los centros y las familias en los casos de alumnos conflictivos. En relación con este tema, Jaume Juan elogió el sistema de valores que se pretende impulsar con la Ley de la Calidad de la Enseñanza, que, considera, puede contribuir a aligerar los episodios conflictivos en los centros educativos. Según el informe de Inspección Educativa, realizado en el año 2001, los cursos en los que se producen con mayor frecuencia los casos de intimidación son primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria y las relaciones violentas se producen más entre los alumnos que entre las alumnas.