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N.D/J.M.
Unió Mallorquina ha incluido en su ponencia, en el apartado de política territorial, una propuesta para que la Administración pueda aplicar el derecho de tanto y retracto en las promociones de VPO durante los primeros cinco años desde la primera compra. De esta manera, el Govern, en este caso, tendría la posibilidad de recuperar las VPO y volver a asignar estas viviendas a las personas que cumplen el requisito necesario para acceder a dichos inmuebles. Para ello el Govern debería pagar al propietario de VPO la misma cantidad pactada en el mercado libre.

La ponencia que se debatirá en el congreso de Unió Mallorquina del próxima sábado recalca, no obstante, que «las viviendas VPO son una forma más de consumir territorio y son perfectamente sustituibles por viviendas rehabilitadas o por casas que sean puestas en el mercado desde los parques inmobiliarios o a través de entidades financieras».

En concreto, la ponencia que será debatida en el congreso plantea que las cajas de ahorro deben tener, entre sus prioridades, la posibilidad de alquilar su parque inmobiliario a precios bajos como alternativa a las viviendas de VPO. Además, el texto que debatirán los compromisarios de Unió Mallorquina plantea la necesidad de establecer bonificaciones en el IRPF en el tramo autonómico para aquellos propietarios que tengan viviendas en régimen de alquiler, además de promover políticas de ayuda y subvención para los impulsen obras de rehabilitación y modernización de edificios y que sean destinadaos a alquiler a precio tasado.

Por otro lado, desde Unió Mallorquina rechazan por completo la posibilidad de incentivar el alquiler de viviendas vacías con subidas en el IBI.

En el mismo documento, UM apuesta decididamente por la ampliación de puertos deportivos y la creación de marinas interiores, además de revisar y desarrollar la Ley de Parques Recreativos para potenciar un turismo familiar y de ocio. En el texto que se debatirá en el congreso de UM se reivindica la gestón directa de la autopista que une Palma con el aerpuerto, actualmente de titularidad estatal, y rechaza totalmente la ampliación de Son Sant Joan que pueda poner en peligro la explotación agrícola de Sant Jordi.