La primera promoción de la policía turística comenzó ayer sus
clases con 110 alumnos, seleccionados por la Escuela Balear de
Administración Pública (EBAP) entre 370 solicitantes, en un acto al
que asistieron el delegado del Gobierno, Miquel Ramis, y el
conseller de Interior, José María Rodríguez. El profesor de
Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Fuster,
pronunció la conferencia inaugural del curso, en la que sostuvo que
la «falta de control social», propia a su juicio de las «sociedades
avanzadas», junto con la creciente llegada de inmigrantes, que a su
parecer «sólo quieren ganar dinero y no quieren la tierra», hacen
necesario un incremento del control policial en el
archipiélago.
Durante su repaso histórico de la evolución del turismo en
Balears, el conferenciante ensalzó y se emocionó al recordar la
labor de Manuel Fraga como Ministro de Turismo en los sesenta y
acusó al Govern dePacte de Progrés de ser responsable directo de la
pérdida de la renta de los ciudadanos de Balears en la pasada
legislatura, por su «falta de visión» sobre el negocio turístico.
El conseller de Interior, por su parte, informó que los agentes que
superen el periodo de formación, se incorporarán a los municipios
de las Islas que hayan solicitado el servicio de policía turística
cuando empiece la temporada alta, en el mes de mayo. El conseller
prevé la incorporación de al menos 100 agentes más y recordó que el
Ejecutivo se ha marcado como objetivo contar con 400 policías
turísticos en Balears al finalizar el periodo de implantación. Los
agentes, que deberán superar un curso de 300 horas en materias como
seguridad ciudadana, derecho penal y procesal, régimen interior,
seguridad viaria, entre otras, prestarán servicio entre los meses
de mayo y noviembre, aunque está previsto que posteriormente
trabajen durante nueve meses al año.
El conseller de Interior anunció que buscará fórmulas para que
los policías turísticos puedan incorporarse con posterioridad a los
cuerpos de policías locales, mediante una reforma del decreto que
los regula.
La asignación de efectivos para el año 2004, mediante convenios
con los ayuntamientos, será de 12 agentes para Menorca, 20 para las
Pitiüses y 78 para Mallorca.
El grupo municipal socialista en el Ajuntament de Palma, reclamó
al Govern que destine el 50 por ciento de los efectivos a la
capital balear para contribuir a solventar los «problemas de
seguridad» de la ciudad.
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