07/02/04 0:00
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C. AGUSTÍN.
Fernando González, secretario general de la Federación Sindical para la Administración Pública de Comisiones Obreras (CCOO), valoró ayer «positivamente» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que declara nulo el decreto 176/2003 del Govern Balear, por el que se exime de catalán a los mayores de 50 años para acceder a la Administración «por ser disconforme con el artículo 23.2º de la Constitución Española; atentar contra el principio de igualdad», declaró. Una demanda interpuesta por el sindicato, a través de los trámites específicos de los Derechos Fundamentales, «ganada por la vía rápida», afirmó.

González recriminó que «Comisiones Obreras esté litigando en exclusiva con el Govern; no así los partidos de la oposición». En cuanto a la actuación del Ejecutivo balear, declaró que éste dispondrá de diez días para interponer recurso de casación ante el TSJB o el Tribunal Supremo, «con el dinero de todos». Por otra parte, Xisco Lillo, responsable de la Sección Sindical de la Comunitat Autònoma de CCOO, reclamó la dimisión de Rodríguez: «Ha abierto una brecha en el proceso pacífico de normalización lingüística. Ha atentado contra un principio constitucional», dijo. También declaró que en este momento, CCOO mantiene 15 contenciosos administrativos interpuestos por la vía ordinaria contra el Govern «a causa de modificaciones puntuales que afectan a los requisitos de acceso a la Administración Pública».

Entre éstos se encuentra el decreto 162/2003, que rebaja el nivel de conocimientos de catalán para acceder a la Administración: «Atenta contra la Ley de Normalización Lingüística», advirtió. Lillo declaró que esta situación refleja «la dinámica confrontadora y la judicialización de la función pública». Asimismo denunció que la política del Govern ha «dinamitado» la negociación colectiva: «Desde diciembre la Mesa General de Negociación no ha sido convocada y funcionamos a base de decretos». Julia Sánchez, secretaria de Comunicación de CCOO, manifestó que los decretos del Govern no son sólo un ataque contra la cultura propia de Balears, sino una discriminación contra las personas que tienen como lengua materna el castellano: «Estas tienen derecho a ejercer la lengua propia y la de Balears, así como a disponer de los mecanismos necesarios para conocerla...Denunciamos la demagogia que practica el Govern con su falsa concepción de bilingüismo», apuntó. Los responsables del sindicatos reclamaron «un cambio de talante, de estilo» por parte del Ejecutivo balear.