El problema de la vivienda en España ha sido uno de los asuntos
más mencionados en la campaña electoral. Y no es para menos, porque
la inmensa mayoría de los españoles mira con preocupación y hasta
con pavor los precios que últimamente han alcanzado los pisos y
casas en nuestro país.
Se propone a menudo la alternativa del alquiler como vía
adecuada para que los jóvenes, especialmente, consigan salir de
casa de sus padres antes de hacerse viejos. Pero todos sabemos que
los precios del alquiler también están fuera del alcance de la
mayoría.
Así las cosas, los expertos ya han detectado cierto retraimiento
de la demanda a tenor de la elevadísima subida de precios, lo que
viene a desmentir las polémicas afirmaciones que en su día expresó
el ministro Àlvarez Cascos, cuando dijo que si subían los precios
es porque la gente los podía pagar.
Parece ser que ahora ya no, que hay un sector de la población
que, sencillamente, se ve obligado a renunciar a la posibilidad de
tener un piso en propiedad por no poder asumir el coste. Un coste
que tampoco podría mitigarse con nuevas bajadas de los tipos de
interés, porque ya están muy bajos, ni con otras condiciones en los
préstamos hipotecarios, pues la mayoría de los compradores supera
la treintena y sus hipotecas se alargan hasta la edad de la
jubilación.
Se calcula que solamente en Palma hay 36.000 pisos vacíos, una
barbaridad. Pero las iniciativas municipales para poner en
circulación algunas de esas viviendas con incentivos para
propietarios e inquilinos se retrasan por problemas burocráticos, a
pesar de que se aprobaron en octubre pasado.
La iniciativa de un municipio no basta. Hay que demandar a la
Administración las reformas legales pertinentes de cara a agilizar
la resolución de los contratos de inquilinato, respetando los
derechos de arrendadores y arrendatarios. Es urgente que los dueños
de viviendas desocupadas las pongan en alquiler a precios justos,
con todas las garantías de la ley y sin abusos por ninguna de las
partes.
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