C.Agustín28/03/04 0:00
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María Victoria García Ujeda, de 23 años, reclamó el pasado jueves 25 el alta voluntaria del hospital Son Dureta, justo el día después de haber dado a luz, para evitar que el Departament de Protecció de Menors del Institut de Serveis Socials, organismo dependiente del Consell Insular de Mallorca, la separara de su hija: «Cualquier persona se merece una segunda oportunidad, quiero ser feliz con mis hijas», afirmó.

Una «huida» que acabó con una medida cautelar que desde ayer obliga a que la niña permanezca en Son Dureta, ya que al nacer le fue diagnosticado un soplo en el corazón. Algo que la madre de la recién nacida asegura que no conocía.

La relación de María Victoria García Ujeda, de 23 años, con el Institut de Serveis Socials de Menors, organismo dependiente del Consell Insular de Mallorca, empezó hace bastantes años ya que la joven ha formado parte de una familia desestructurada. Casada con Alberto Serra, de 70 años, el miércoles pasado dio a luz a una niña, María Laura, cuya tutela ha reclamado el Institut de Serveis Socials.

Hace año y medio, a través de medida administrativa, se notificó a María Victoria y Alberto Serra que Protecció de Menors se hacía cargo de la tutela de sus dos hijas mayores, entonces de 3 y 5 años. Las razón por la que intervino entonces la institución se debió a una denuncia que hacía referencia a los abusos sexuales que sufrían las niñas por parte de un vecino y conocido del padre, hecho probado y sentenciado gracias también a las denuncias que interpusieron los padres contra este sujeto. Sin embargo, Menors consideró «que no se había protegido suficientemente a las niñas», cuenta la abogada de la familia.

Asimismo, en la decisión de Menors intervinieron otros factores como la suciedad de la casa y falta de habilidades de los padres para atender a las niñas. Como afirmó Antonio Calvo, director de Protección del Menor: «El conjunto de la unidad familiar no garantiza mínimamente la correcta atención del menor, razón por la que sus dos hijas mayores pasaron a una situación de tutela permanente con una tía y ahora se le reclama la recién nacida». Otros aspectos que se barajaron en esta falta de «garantías» fueron unos informes médicos que determinan una deficiencia del 33 por ciento en el coeficiente mental de la madre, porcentaje, por otra parte, insuficiente para que la Administración otorgue una pensión por minusvalía. Y la avanzada edad del padre.