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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha estimado, en parte, una reclamación económica de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller al Govern y ha fallado que el Ejecutivo debe abonar a esa empresa más de 3 millones de euros, frente a los 18 que exigía inicialmente «como restablecimiento del equilibrio económico de la concesión». La sentencia reconoce el derecho de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller a que el Govern le abone 2'9 millones de euros, IVA excluido, con el interés legal del mismo, incrementado en 1.5 puntos a partir de los seis meses siguientes a la recepción.

También, la Comunitat Autònoma debe abonar los gastos financieros intercalarios producidos por el retraso -en diez meses- en la puesta en servicio en túnel, y en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia. Asimismo, el Ejecutivo debe abonar el lucro cesante derivado de la pérdida de explotación por plazo de diez meses, que igualmente se determinará en ejecución de sentencia. La Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller alegó en el proceso que a consecuencia de las sucesivas modificaciones del proyecto original, los retrasos «no imputables a la empresa», se produjo «un imprevisto incremento de los gastos financieros que provocó el que instase la declaración de quiebra, si bien aprobó, por Junta de Acreedores, un convenio de viabilidad que pasó por el que el contratista de las obras, FCC, tomase el control accionarial de la compañía concesionaria».

El Govern admitió que había solicitado la realización de obras complementarias, pero que sólo reconocía una deuda de casi 3 millones de euros. Esa cantidad corresponde a las obras de instalación de una tubería para el aprovechamiento de Aguas de sa Costera y Torrente Mayor de Sóller y a las obras complementarias ordenadas o aprobadas por la Administración. Con las demás reclamaciones, el Ejecutivo discrepó totalmente. La compañía concesionaria argumenta que en los años de retraso en la ejecución del túnel, el presupuesto del proyecto se duplicó. En 1988, el precio de adjudicación fue de 3.585'9 millones de pesetas, coste que nueve años después superó los 7.000 millones. Desde el primer día de la apertura del túnel, el 19 de febrero de 1997, Fomento de Construcciones y Contratas SA, accionista mayoritario de la compañía concesionaria, fue consciente de que la construcción del paso subterráneo no se rentabilizaría en los 19 años de concesión que restaba de la explotación (en total, son 28).