Durante la campaña electoral, José Luis Rodríguez Zapatero hizo
un buen montón de promesas que ahora debe empezar a poner en
práctica, y aunque todavía faltan dos semanas para que se convierta
en presidente del Gobierno, ya hay más de uno que se frota las
manos.
Entre las promesas estaba la derogación, o cuando menos
modificación, de algunos aspectos de la reforma educativa puesta en
marcha por el Gobierno de José María Aznar. Y ahora, el propio PSOE
ha anunciado firmemente que la Ley de Calidad de la Enseñanza no
llegará a materializarse.
Antes incluso de que el partido vencedor en las elecciones
anunciara sus intenciones, ya desde Catalunya y el País Vasco se
anticipó que la ley, que debía aplicarse el próximo curso, quedaba
suspendida.
Pero es que en este país tenemos un Parlamento, que es el
encargado de aprobar las leyes, y un sistema ejecutivo -Gobierno
central y gobiernos autonómicos- que es el encargado de hacerlas
cumplir.
Por eso resulta inoportuno anunciar con tanta premura que una
ley, con rango de ley orgánica además, no será cumplida, pues, de
hecho, ahora mismo forma parte de la legalidad vigente, nos guste o
no, y haya intención de derogarla o no.
Así que las comunidades autónomas tendrán que atenerse a los
hechos, y éstos dicen que la ley debe cumplirse en tanto el
Parlamento electo no se pronuncie en contra, y para eso falta
todavía cierto tiempo.
Otra cuestión es el fondo de la ley, si es conveniente o no,
pues eso es ya materia de negociación entre partidos en el seno de
las Cortes, que para eso están. Nadie pone en duda la necesidad de
una reforma educativa drástica -con amplio consenso y sin
enfrentamientos con las comunidades autónomas-, pero cada cosa a su
tiempo.
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