El conseller d'Educació del Govern balear, Francesc Fiol, expresó
ayer su convencimiento de que los nuevos criterios de admisión en
los centros públicos y concertados, así como la división de Palma
en tres zonas (frente a las ocho actuales) ayudará a evitar
«guetos» escolares y que la nueva población tendrá las mismas
oportunidades que el resto de la ciudadanía. Fue la principal
novedad de la comparecencia del conseller ante los medios
informativos tras la reunión del Consell de Govern que introduce
nuevos baremos a la hora de optar al centro escolar y del que
Ultima Hora ha venido informado en los últimos días. Se introducen
varias novedades, una de las más importantes la que equipara el
domicilio familiar con el domicilio laboral.
En relación a si esta nueva división supondrá ventajas para los
recién llegados, es decir, la población inmigrante, señaló que «es
un paso para evitar la creación de eso que algunos llaman guetos
educativos en determinadas zonas más problemáticas». Para el
conseller, sin embargo, uno de los aspectos más destacos de la
normativa es que el nuevo procedimiento «nos permite ir avanzando
hacia la libre elección de centro, que es un compromiso para el
final de la legislatura». El proceso de solicitud de plaza para el
próximo curso comenzará el 13 de mayo, concretó el titular de
Educación, quien añadió que el decreto establece varios criterios
complementarios que permiten al centro añadir un punto adicional a
la solicitud y fija una nueva zonificación en Palma.
A este respecto, puntualizó que la capital balear, que es el
núcleo en el que se produce una mayor demanda de nuevas
inscripciones, estará dividida en tres grandes zonas escolares, lo
que ampliará las opciones en la elección de centro, dijo. Por otra
parte, el Ejecutivo también aprobó ayer un decreto que su portavoz,
Joan Flaquer, calificó de «pionero» para asegurar el acceso al
empleo público, ya sea para personal funcionario como para
interinos, del colectivo de personas con una discapacidad igual o
superior al 33 por ciento. Pese a existir ya una cuota de reserva
del 5 por ciento de la oferta anual de empleo público para los
discapacitados, Flaquer subrayó que la experiencia demuestra la
falta de una regulación que dé solución a toda una serie de
problemas que han surgido en la aplicación de la normativa. Otra
cuestión aprobada ayer se refiere a la declaración de urgente
necesidad para las expropiaciones destinadas al proyecto de
desdoblamiento de la variante de Son Ferriol. Se trata de una de
las obras incluidas en el convenio de carreteras firmado con el
hasta ahora ministro Francisco Àlvarez Cascos.
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