«Hay violaciones a los derechos humanos, y el trato al inmigrante
ilegal o sin papeles es de las más delicadas y de las más graves.
España podría ser sancionado si hubiese demanda en relación con los
internamientos, que sobrepasan con mucho el principio de la
seguridad jurídica, o si realiza expulsiones hacia terceros países
dónde existan torturas», afirmó ayer en Palma el ex juez de España
en el Tribunal de Estrasburgo y catedrático de Derecho
Internacional, Juan Antonio Carrillo (Morón de la Frontera,
1934).
«No hay demandas por culpa nuestra y de nuestros abogados.
Deberíamos tener más conciencia cívica de la defensa del más débil
y necesitado», precisó. El catedrático, que ayer pronunció una
conferencia en la Universitat de les Illes Balears, y que hoy lo
hará en la Fundació La Caixa, fue el segundo juez español en el
Tribunal de Estrasburgo, tras Eduardo García de Enterría, y primer
miembro de España en la Comisión Europea de Derechos Humanos. «Uno
de los problemas que más preocupan a los ciudadanos y a la opinión
pública es la respuesta a la inseguridad que nos crea el terrorismo
internacional», señaló.
«Hay Estados que estiman que tiene el derecho a recurrir a la
fuerza militar para hacer frente a esta amenaza. Como profesor de
Derecho Internacional esto me produce una gran preocupación. Las
preguntas son ¿en qué condiciones es legítimo o no recurrir a la
fuerza armada? ¿cuándo es legítimo y cuándo no lo es? A mi juicio,
es legítima cuando el Consejo de Seguridad, en cuanto es el órgano
de las Naciones Unidas a quien incumbe la responsabilidad
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, lo
decide, lo recomienda o lo autoriza. Cuando no es el caso, es
decir, cuando la comunidad internacional institucionalizada que
estima que hay una amenaza a la paz, una ruptura de la paz, en mi
opinión eso no es legítimo».
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