Juan Mestre10/05/04 0:00
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El Govern se ha visto obligado a multiplicar por cuatro el presupuesto para atender la custodia de los menores como consecuencia de la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores impulsada desde el Gobierno central. El Ejecutivo espera que el nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cumpla su promesa -anunciada durante el discurso de investidura- y compense el incremento del gasto que ha supuesto para las autonomías el cambio de la legislación de ámbito nacional. Según un informe del Ejecutivo, el impacto económico que ha tenido la modificación de la Ley 5/2000, que obliga a las comunidades autónomas a mantener la custodia de los jóvenes delincuentes cuando ya han superado la mayoría de edad, se ha disparado durante los últimos años. En la actualidad, el Govern tiene la obligación de tutelar a los jóvenes que todavía no han cumplido 21 años y que antes del cambio de legislación ingresaban en las cárceles. En el futuro, la edad penal de estos jóvenes adolescentes se amplía hasta los 23 años.

Este aumento de la edad penal ha supuesto que el Govern invierta en la custodia de menores con condenas algo más de 3 millones de euros al año cuando en 1999 el presupuesto por el mismo servicio era de 775.606 euros. Es decir, las partidas para atender a estos jóvenes conflictivos se ha multiplicado por cuatro entre 1999 y el año 2003. El número de educadores ha pasado de los cinco que había en 1999 a los 18 del pasado año. Y si en 1999 se a atendieron a 25, el pasado año la cifra ascendió a 99.