Por lo que respecta a la ley de comercio, el informe es partidario
de eliminar el recurso una vez que se produzca la anunciada
revisión del Gobierno de los horarios comerciales, previa
negociación con las comunidades autónomas. Otro tanto sucede con el
recurso a la ley de paridad. En este caso se propone una
modificación de la ley electoral para que recoja la paridad y, de
esta forma, poder retirar el recurso.
En el informe se recomienda de forma expresa que el Estado
desista de los recursos planteados contra la subida de pensiones
que aprobó el Pacte y alega que el Tribunal Constitucional ya
reconoció la legitimidad del gobierno andaluz para aprobar estos
complementos.
Otra cuestión importante recurrida en su momento fue la Ley de
Consells. El informe del Ministerio recomienda el desestimiento de
los recursos en caso de que se considere que han desaparecido las
razones que justificaron la impugnación o a través de una
negociación con las comunidades autónomas. En el caso de la Ley de
Consells, ambas fórmulas son válidas. Por un lado, la aprobación de
la Ley de Grandes Ciudades, que va en la misma línea que la Ley de
Consells, podría conducir al desestimiento. En caso de que se opte
por la negociación con otras comunidades, se da por segura su
retirada.
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