La consellera Puig es la promotora de la iniciativa.

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Una vez aprobado, las mujeres separadas que no cobren la pensión compensatoria tendrán derecho a una paga de unos 400 euros al mes. Si tienen hijos, esta paga puede aumentar.

Según el proyecto de decreto, las beneficiarias de estas ayudas económicas serán «aquellas personas separadas, divorciadas, con declaración de nulidad del matrimonio o en el supuesto de un proceso de filiación (por ejemplo, el reconocimiento de un caso de paternidad) que, por resolución judicial, tienen derecho a una pensión por alimentos o una pensión compensatoria». Si la persona obligada por resolución judicial a realizar el pago de la pensión se niega a hacerlo o deja de hacerlo, la Comunitat Autònoma asumirá esta aportación económica.

En principio, deberán cumplirse dos requisitos para poder tener derecho a este fondo. Debe existir una resolución judicial donde se reconozca el derecho de alimentos y la pensión compensatoria. Y, además, la persona beneficiaria no debe percibir un sueldo que supere el salario medio de la Comunitat Autònoma. No obstante, estos dos requisitos aún están en estudio por parte de la Conselleria de Presidència.

En cuanto a las percepciones económicas, las cuantías máximas que pagará el Govern serán las siguientes: en el caso de una persona sin hijos la paga irá de los 300 a los 400 euros, aunque la propuesta todavía no está cerrada. Asimismo, en el caso de que la mujer beneficiaria tenga hijos podrá percibir una cantidad adicional todavía por decidir.

En cualquier caso, el Govern no abonará una paga superior a la que establece el convenio regulador de separación aprobado judicialmente o la resolución judicial correspondiente. El proyecto de la Conselleria de Presidència incluirá, además, los mecanismos que utilizará el Govern para poder recuperar el dinero que no ha pagado el miembro de la pareja obligado a hacerlo.

Esta iniciativa de dar un sueldo a las mujeres divorciadas con ex maridos morosos fue planteada ya por el Govern dePacte, pero la medida no llegó a concretarse ni a aprobarse. La medida se anunció en octubre del año 2001 y el propio Antich hizo la promesa en el debate de política autonómica de 2002, pero nunca se aprobó una partida para ayudar a estas mujeres.