Una vez aprobado, las mujeres separadas que no cobren la pensión
compensatoria tendrán derecho a una paga de unos 400 euros al mes.
Si tienen hijos, esta paga puede aumentar.
Según el proyecto de decreto, las beneficiarias de estas ayudas
económicas serán «aquellas personas separadas, divorciadas, con
declaración de nulidad del matrimonio o en el supuesto de un
proceso de filiación (por ejemplo, el reconocimiento de un caso de
paternidad) que, por resolución judicial, tienen derecho a una
pensión por alimentos o una pensión compensatoria». Si la persona
obligada por resolución judicial a realizar el pago de la pensión
se niega a hacerlo o deja de hacerlo, la Comunitat Autònoma asumirá
esta aportación económica.
En principio, deberán cumplirse dos requisitos para poder tener
derecho a este fondo. Debe existir una resolución judicial donde se
reconozca el derecho de alimentos y la pensión compensatoria. Y,
además, la persona beneficiaria no debe percibir un sueldo que
supere el salario medio de la Comunitat Autònoma. No obstante,
estos dos requisitos aún están en estudio por parte de la
Conselleria de Presidència.
En cuanto a las percepciones económicas, las cuantías máximas
que pagará el Govern serán las siguientes: en el caso de una
persona sin hijos la paga irá de los 300 a los 400 euros, aunque la
propuesta todavía no está cerrada. Asimismo, en el caso de que la
mujer beneficiaria tenga hijos podrá percibir una cantidad
adicional todavía por decidir.
En cualquier caso, el Govern no abonará una paga superior a la
que establece el convenio regulador de separación aprobado
judicialmente o la resolución judicial correspondiente. El proyecto
de la Conselleria de Presidència incluirá, además, los mecanismos
que utilizará el Govern para poder recuperar el dinero que no ha
pagado el miembro de la pareja obligado a hacerlo.
Esta iniciativa de dar un sueldo a las mujeres divorciadas con
ex maridos morosos fue planteada ya por el Govern dePacte, pero la
medida no llegó a concretarse ni a aprobarse. La medida se anunció
en octubre del año 2001 y el propio Antich hizo la promesa en el
debate de política autonómica de 2002, pero nunca se aprobó una
partida para ayudar a estas mujeres.
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