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TONI LIMONGI/M.J.
Colectivos y asociaciones de inmigrantes de Balears han manifestado su malestar por el hecho de que los ciudadanos extracomunitarios que viven de forma legal en las Islas sigan sin poder acceder al descuento de residentes en las conexiones aéreas o marítimas interinsulares o con la Península. Se sienten discriminados porque pagan impuestos como cualquier otro ciudadano y denuncian que los partidos políticos no les están teniendo en cuenta cuando negocian un incremento de los descuentos del 33 al 50 por ciento sobre el precio de los billetes.

Perea precisó que «la gente que viene de fuera se empadrona en Ciutat, trabaja, contribuye al desarrollo de la economía, alquila y/o compra una vivienda, se integra en la sociedad, y después resulta que no puede acceder a los mismos descuentos que el resto de la población. Hace más de 10 años que luchamos para que se nos considere este derecho. Hablamos hace unos años, en el Congreso de Residentes de este tema con el Ajuntament de Palma, pero nos dijeron que nos remitiésemos al Govern balear. Y bien, aún estamos esperando una respuesta», lamentó.

Marlene Perea, presidenta de la Federació d'Immigrants de les Illes Balears (FAIB), aseguró que «el hecho de que no se prevea aplicar el descuento para residentes en el precio de los billetes a los inmigrantes extracomunitarios supone un acto de discriminación injustificada por parte de las administraciones públicas. Ello significa que, según los que nos gobiernan, hay dos tipos de personas: los que viven aquí con plenitud de derechos y los que no los tienen. Esto es impensable en cualquier estado democrático que se precie, donde todo el mundo debe acceder a las mismas prestaciones y debe tener los mismos derechos», consideró.

Por otra parte, el presidente de la asociación de ecuatorianos de Balears «Velasco Ibarra», Carlos Villalba, aseguró que «para nuestros dirigentes políticos, no es suficiente que tengamos el certificado de empadronamiento y tampoco es suficiente que trabajemos de sol a sol. Hay que ser ciudadano de la Unión Europea para acceder a ciertos derechos. Es un acto de racismo y discriminación, se está estableciendo una categoría entre ciudadanos de primera y de segunda», afirmó.