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El conflicto palestino-israelí es uno de los principales motivos de la crisis a la que se enfrenta el Gobierno de Ariel Sharón, crisis que le ha abocado a negociar con los laboristas de Simón Peres la posible formación de un Ejecutivo de concentración. Esto sucede a los pocos días de la polémica suscitada por la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de declarar ilegal el muro que los judíos construyen en la franja de Gaza y que, según declaraba el propio Sharón, seguirán construyendo.

En este punto es preciso reflexionar sobre los múltiples problemas a los que se enfrentan los tribunales de Justicia con una jurisdicción supranacional. Sus decisiones no sólo pueden ser cuestionadas, sino que incluso son ignoradas en función de los intereses particulares del Gobierno o del país afectado. El caso de este nuevo «muro de la vergüenza» es un claro ejemplo de ello. Y no es que los israelíes no tengan todo el derecho del mundo a protegerse contra un terrorismo que comete auténticas atrocidades de forma constante utilizando el problema palestino como pretexto para sus macabras acciones. Pero establecer un muro no es la mejor de las soluciones y, mucho menos, si éste se levanta en parte en los territorios ocupados.

La única solución viable para el problema de la violencia en Oriente Próximo es la vía del diálogo, como ha quedado patente en varias ocasiones. La radicalización de las posturas de uno y otro lado ha conducido precisamente a este camino sin salida en el que ahora nos encontramos. Está claro, además, que para poder alcanzar este objetivo es preciso contar con el apoyo de la comunidad internacional y, muy en especial, con Estados Unidos y la Unión Europea, que ya han jugado papeles determinantes en otras ocasiones.