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Es decir que, por norma, la policía no actúa sobre inmigrantes y tramita expulsiones si no se han visto implicado en algún tipo de delito o existen sospechas en este sentido. Esa es la teoría. A partir de ahora, a raíz de que se declarara inconstitucional la expulsión directa de cualquier delincuente «sin papeles», es previsible que la cifra descienda. Según se desprende de datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, la mayoría de inmigrantes expulsados durante este año procede del Ecuador: 98. Ya el pasado año, la mayoría de expulsiones fueron hacia este país: 199 de un total de 896.

Activistas de Derechos Humanos y grupos que se ocupan de la inmigración han explicado a Ultima Horaque pese a que los datos oficiales señalen a un determinado colectivo (en este caso a los ecuatorianos) no conviene incidir demasiado sobre el dato para no caer en la xenofobia. Estas mismas fuentes precisan que la experiencia les enseña que las expulsiones afectan a mujeres ecuatorianas que ejercen la prostitución. Según el relato obtenido por este periódico en estos grupos, las mujeres, que en realidad son «víctimas de mafias», pasan por delincuentes. Además, en ocasiones se efectúan «redadas políticas» coincidiendo con eventos especiales.

Por ejemplo, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de la Familia Real y de la etapa veraniega, la policía ejerció en el centro de Palma una labor mayor de control sobre los inmigrantes que se dedican a la venta de copias piratas de discos, los top manta. Desde la Delegación del Gobierno en Balears se ha precisado a este periódico que la falta de papeles (concretamente, certificados de trabajo y residencia) ha sido casi siempre la causa oficial para iniciar el proceso de expulsión ya que el proceso es más rápido que probar un delito pese a las evidencias del mismo.