Es como la pescadilla que se muerde la cola: son inmigrantes sin
papeles que se han visto envueltos en hechos delictivos y sobre los
que pesa una orden de expulsión. Como sobre ellos pesa una orden de
expulsión no pueden solicitar papeles aunque no estén en la cárcel.
Y sin papeles no pueden trabajar legalmente.
La Delegación del Gobierno en las Islas ha dictado este año
cerca de 400 órdenes de expulsión (concretamente, 373) según
publicaba Ultima Hora en su edición del pasado martes. Este año,
sin embargo, únicamente se han ejecutado 81, según información
obtenida por este diario en fuentes de la Brigada de
Extranjería.
La proporción no es de las más altas de España. Según datos
facilitados al Congreso por la Secretaría de Estado para la
Inmigración (y que el anterior Ejecutivo del PP se negó a entregar
al Parlamento), la Administración había dictado hasta principios de
julio 117.768 órdenes de expulsión, de las que se habían ejecutado
32.749. En Balears, el colectivo más afectado por las expulsiones
es el ecuatoriano.
Completar una expulsión es un proceso muy largo. Cada caso es
individual y puede durar semanas o meses. En Balears se opta por
las expulsiones de personas con delitos evidentes y por quienes
tienen antecedentes. El simple hecho de no tener papeles no lleva
aparejada la expulsión pese a que así lo prevé la Ley de
Extranjería aprobada en época del PP. Un paso previo a la
repatriación es el internamiento en un centro de custodia. En
Balears no existe ninguno y debe reurrirse a otras comunidades.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.