Un marco jurídico claro

Se empezó a hablar sin tapujos del asunto a raíz de los presos de Guantánamo, por más que existían con anterioridad datos relativos al mantenimiento por parte de las autoridades norteamericanas de «cárceles» fuera de su territorio nacional. Más tarde, desde Washington se admitió que actualmente se hallan detenidas en dichas cárceles, repartidas en distintos lugares del mundo, unas 3.000 personas. También se ha sabido que de esos prisioneros, tan sólo dos han comparecido ante un tribunal civil. Lo anómalo de la situación ha llevado ahora a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a solicitar a las autoridades de Estados Unidos el establecimiento de un marco jurídico claro para los detenidos en tan insólitas circunstancias. Desde el CICR se han llevado a cabo reiteradas peticiones a fin de poder tener acceso directo a los lugares de detención sin que por el momento hayan recibido respuestas concretas desde Washington. Es evidente que el Gobierno de los Estados Unidos, en coordinación con sus aliados, mantiene una invisible red de centros de detención en los que miles de sospechosos -simples sospechosos- han «desaparecido» desde que comenzó la «guerra» contra el terrorismo. Una guerra que no sólo supone en este aspecto el que se estén vulnerando básicos supuestos humanitarios, sino que también se podría estar violando el derecho internacional. La lucha contra el terrorismo puede tener toda la legitimidad siempre y cuando no socave una serie de valores elementales por todos compartidos. Y en este sentido, la cerrazón de Washington ante las pretensiones de que entren observadores en sus cárceles en el extranjero y la no concesión de garantías jurídicas a los detenidos, repetidamente solicitadas por organismos internacionales tan unánimemente respetados como la propia Cruz Roja, no contribuye sino a aumentar las sospechas de que se están violando derechos humanos irrenunciables.