Además de la citada proposición no de ley, ERC presentará una
batería de preguntas pidiendo por los dispositivos de vigilancia
que se han puesto en marcha en los últimos años para evitar el
incumplimiento de los preceptos de la Ley de Coastas de 1998.
Según informó el presidente de ERC-Balears, Joan Lladó, «no
tiene sentido que el Gobierno central continúe gestionando
cuestiones como el dominio público marítimo-terrestre. Lo más
lógico es que lo hagan las instituciones autonómicas en
colaboración con las Administraciones insulares y locales».
Lladó justificó la petición que realizará en la Cámara baja en
el hecho de que «en los 16 años que la Ley de Costas lleva en
vigor, Madrid ha sido incapaz de hacerla cumplir». El líder de
ERC-Balears aprovechó para criticar «el trato colonial hacia
Balears que siempre han tenido los dirigentes de La Moncloa, que
sólo se interesan por nuestras costas para veranear».
Desde el PSIB-PSOE, la responsable de Medi Ambient del partido,
Mercè Amer, también mostró su preocupación por la degradación que
provocan en el litoral insular las vulneraciones de la normativa.
Para la dirigente socialista, lo que debe hacerse es «estudiar cada
caso por separado para saber en cuáles se incumple la ley y qué se
puede hacer al respecto».
Maria Antònia Vadell, del PSM, destacó que el cumplimiento de la
Ley de Costas es una «asignatura pendiente» y el abuso «frecuente»
de particulares al cerrar los accesos al mar. Vadell se mostró
partidaria de ceder competencias al Govern o a los consells.
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