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No hace todavía un año -se cumplirá el próximo mes de diciembre- que se aprobó una declaración de obligación de servicio público para las rutas aéreas interinsulares y las tarifas han vuelto a subir. Ante una circunstancia como esta, la verdadera obligación de las administraciones públicas es ponerse de acuerdo y que prime el interés general de la ciudadanía. Ante un problema viejo hay que buscar soluciones nuevas, admitir errores y concretar una nueva propuesta.

No estuvo demasiado acertado el Ministerio de Fomento al recurrir a un anuncio para pedir al Govern que denunciara el acuerdo si no estaba conforme. Y no estuvo acertado, sobre todo en las formas. Más parecía un comunicado del PSOE que un comunicado del Gobierno de todos.

Es comprensible el malestar del Govern pese a que, legalmente, el Ministerio de Fomento se limitó a cumplir a rajatabla los términos de la declaración de obligación de servicio público que, aunque parezca mentira, no contemplaba ningún contacto con el Govern en caso de subida de tarifas. Ese fue un fallo de los negociadores.

Reconocidos los errores de las dos partes, lo que ahora se impone es buscar soluciones. El PSOE, a través de Francesc Antich -que, no se olvide, parece tener cierta influencia ante la dirección de su partido- recupera ahora el programa electoral de Zapatero y avanza que se abrirá una ronda de negociaciones para que el Gobierno central financie la obligación de servicio público.

Partiendo de la base de que el legítimo interlocutor del Gobierno central es el Govern de Balears, esta propuesta no debería ser rechazada sin más. En este asunto, las dos administraciones, la estatal y la autonómica, deben ir de la mano. Es su obligación.