Más de 20.000 inmigrantes podrían beneficiarse en las Islas de la regularización propuesta por el Gobierno

Boularrak calificó al propuesta de «interesante» y añadió que la medida puede contribuir a luchar contra la economía sumergida, aunque lamentó que excluya otros supuestos, como la regularización por arraigo y por motivos humanitarios. «No estamos pidiendo papeles para todos, pero si que se tenga en cuenta la parte humana de la inmigración», declaró Boularrak, que lamentó que la regularización anunciada no tenga en cuenta a los familiares de los trabajadores, ni a las personas que llevan cuatro o cinco años viviendo en Mallorca y están desvinculados de su país.

Boularrak advirtió del peligro de dejar la regularización por arraigo laboral en manos de los empresarios. En su opinión los sindicatos e Inspección de Trabajo deberían implicarse «al máximo» para evitar la situación que se produjo en el periodo de regularización abierto en el 2001. «En esa ocasión se dio mucho protagonismo a los empresarios y nos encontramos con muchos abusos en los contratos, con mafias de venta y compra de contratos», apostilló.

Por su parte el secretario general de USO, Rafael Pons, calificó ayer de «positivo» el anuncio del Gobierno central de que regularizará a los inmigrantes que acrediten una vinculación laboral y dijo que esta medida podría beneficiar en las Islas a 30.000 trabajadores extranjeros actualmente en situación irregular.

Pons insta al Ejecutivo a que concrete de qué manera se realizará esta regularización y, en este sentido, reclama que se aclare cómo podrán demostrar los inmigrantes su vinculación laboral si trabajan sin contrato y considera que esta regularización «no debería crear recelos entre los trabajadores españoles o comunitarios», ya que, en su opinión, los inmigrantes en situación irregular «hacen trabajos que la población no demanda», puntualiza.

Para Manuel Pelarda, secretario de Acción Sindical de UGT en Balears, es «ilógico» que estas propuestas se hagan a través de los medios de comunicación «cuando hay un diálogo abierto a nivel nacional» y consideró necesario un «gran pacto» y un «gran consenso» entre todos los agentes sociales en materia de inmigración. «La Administración debe convocar la Mesa de Diálogo Social y hacer una propuesta seria que nos llegue en los cauces que corresponden», puntualizó Manuel Pelarda.