Una promesa electoral del PSOE que lleva camino de cumplirse el
próximo año -una más- es la de facilitar el divorcio a quienes
tengan intención de hacer uso de él. El Gobierno de Rodríguez
Zapatero tiene intención de elaborar la reforma de aquella tímida
ley de divorcio de 1981 que imponía una separación previa de dos
años antes de acceder a su trámite. Algo que, por cierto, no tenía
paralelismo en el resto de los países europeos menos sensibles, por
decirlo de alguna forma, a las imposiciones de la Iglesia católica,
que fue la responsable de tan curiosa medida.
Han transcurrido 23 años y este país es afortunadamente otro muy
distinto. Convertir el divorcio de mutuo acuerdo en algo más
sencillo y hacer más llevaderos los requisitos de las causas
matrimoniales no tan sólo constituye una normal exigencia social,
sino que posiblemente son factores que contribuirían a evitar
indirectamente esa violencia doméstica que hoy incide de forma tan
brutal en nuestra vida cotidiana.
Es muy positivo que aquellas personas que han decidido poner fin
a su convivencia matrimonial y han optado por el divorcio puedan
lograr su objetivo a la mayor brevedad posible. Todo lo que no vaya
en esta dirección supone implícitamente no sólo un obstáculo
administrativo sino, lo que es más grave, un escollo en el curso de
una relación ya no deseada. Es de esperar que las instancias
jurídicas correspondientes sepan estar a la altura de una reforma
que, obviamente, obligará a remover conceptos ya caducos, cuando no
indeseables prejuicios.
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