La Comisión Europea ha decidido en fecha reciente abrir
expediente a nuestro país por el escaso respeto que aquí se muestra
a la hora de cumplir determinadas normas relativas a la protección
del medio ambiente. Un aspecto en el que desgraciadamente nos
hallamos a la cabeza de los países de nuestro entorno. La
advertencia europea, a la que seguirá la denuncia ante el tribunal
correspondiente, se refiere por encima de todo al incumplimiento de
lo establecido en lo concerniente al tratamiento de aguas
residuales, por más que también afecta a lo tocante a vertederos y
a construcciones en proyecto sin el correcto informe sobre impacto
ambiental.
El de las aguas residuales es un problema ya enquistado. En la
España moderna de nuestros días, increíblemente existen aún 70
ciudades de más de 15.000 habitantes que incumplen la normativa
europea sobre tratamiento de aguas residuales. Hablamos de ciudades
como La Coruña, como Orense, como por ejemplo Algeciras, un
municipio en donde viven más de 100.000 personas y en el que las
aguas fecales sin tratar son vertidas directamente al mar. En las
Canarias -siempre la falta de respeto al medio ambiente acompañando
a la industria turística-, se han detectado alrededor de 60
emisarios submarinos que vierten su contenido al mar sin ser objeto
del más mínimo tratamiento. Es éste un problema al que otros países
europeos han hecho frente desde hace años, obteniendo resultados
más que satisfactorios.
¿Por qué no ocurre lo mismo aquí? Probablemente porque las
distintas administraciones, por mucho que teóricamente estén
dispuestas a atender a cuestiones medioambientales, las continúan
considerando como de segundo orden. Aquí falta infraestructura
política, por así decirlo, para enfilar asuntos de los que con
carácter inmediato no se deriven resultados espectaculares.
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