Las organizaciones Asaja y Unió de Pagesos han expuesto sus
primeras objeciones al borrador del decreto que regulará el
registro general de explotaciones agrarias, elaborado por la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, dirigida por Margalida Moner.
Gabriel Company, presidente de Asaja-Balears, ha declarado que
«nuestras discrepancias se refieren a que el borrador contempla
diversas fincas de un mismo propietario como si fueran
explotaciones distintas, cuando lo que ocurre normalmente es que un
mismo titular tiene dispersos sus cultivos». En régimen de
aparcería, Company defiende que en «el registro figuren dos
explotaciones, cuando del borrador se desprende que sólo constaría
una sola explortación con dos titulares».
Por lo demás, el presidente de Asaja-Balears se muestra de
acuerdo con el decreto, «pues nos permitirá, definitivamente,
conocer el peso de cada uno en el sector, quién vive realmente de
la agricultura y quién no. Será una radiografía que, además,
eliminará papeleo y burocracia con una documentación centralizada y
ofrecerá una base fidedigna de datos para definir las políticas del
sector, atendiendo sus necesidades reales. Hay que tener en cuenta
que las ayudas estarán supeditadas a la inscripción en el
registro».
Por su parte, el portavoz de Unió de Pagesos, Joan Mas, fue muy
crítico con el borrador: «El decreto ofrece ventajas a los
agricultores no profesionales sobre los auténticamente
profesionales. Sospechamos que lo que se pretende es que los no
profesionales que poseen muchas hectáreas figuren en el registro y
tengan derecho a votar en unas futuras elecciones a cámaras
agrarias. Además, el decreto parte de una situación irreal de las
explotaciones. En el caso de las hortofrutícolas, éstas presentan
una gran variedad de configuraciones, incluso con parcelas
repartidas en diferentes fincas. En este sentido, el registro sería
muy poco operativo».
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