Las nuevas y severas normas de seguridad e identificación de
pasajeros en el tráfico aéreo han sido aplicadas en su máximo rigor
en Palma.
La juez sustituta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1, María del Carmen de Vivero, ha confirmado una sanción de
6.000 euros impuesta por la Delegación de Gobierno en Balears a una
compañía aérea por permitir embarcar a una extranjera sin el
correspondiente visado de entrada en España.
La empresa de aviación alegó en su descargo la «falta de
tipicidad de los hechos sancionados y la inexistencia de culpa o
dolo».
Sin embargo, la juez, en la sentencia, recuerda que una de las
obligaciones de la empresa de transporte o transportista, es
«realizar la debida comprobación de la validez y vigencia, tanto de
los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad
pertinentes».
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