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Más de medio centenar de trabajadores de las canteras de Establiments volvieron a manifestarse ayer para protestar contra el cierre de dichas instalaciones y para pedir también una solución para su actual situación laboral. El decreto fue firmado por la alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, por carecer las tres empresas que allí trabajaban de la pertinente licencia de actividad.

El decreto fue entregado a la dirección de Contratistas Mallorquines Asociados, Gravillera Can Rosselló y Readymix Asland el pasado 6 de octubre. Dos días después, las instalaciones fueron precintadas por la Policia Local.

Los trabajadores ya habían realizado previamente dos actos de protesta. El primero fue una concentración ante Cort, realizada el 5 de octubre, mientras que el segundo tuvo lugar un día después, cuando alrededor de 80 camiones colapsaron el lado izquierdo de las Avingudes durante poco más de media hora.

A pie
La intención de los trabajadores era repetir ayer la protesta con un número semejante de camiones. Sin embargo, agentes del Cuerpo Nacional de Policía interceptaron el convoy de vehículos a la altura del cementerio municipal, donde informaron a los conductores de que no podían seguir adelante.

Finalmente, más de cincuenta empleados llegaron a pie hasta la sede de Urbanisme, donde permanecieron durante casi una hora, cortando el tráfico en algunos momentos. El único instante de tensión se produjo cuando un autobús de la EMT intentó seguir adelante a pesar de que varios trabajadores de las canteras le impedían el paso. La intervención de la Policia Local evitó que el incidente se agravase. Luego, se concentraron ante las sedes de Cort, del Parlament y del Govern. En el Consolat de la Mar fueron recibidos por el director general de Comunicació, Joan Martorell, quien les dijo que haría llegar sus peticiones al presidente del Govern, el popular Jaume Matas.

El teniente de alcalde de Urbanisme de Cort, el popular Javier Rodrigo de Santos, reiteró ayer que en el próximo pleno el equipo de gobierno presentará una propuesta que pretende dar una salida a los trabajadores que ahora se quedarán sin empleo a través del Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF). Rodrigo de Santos confirmó que ahora deben ser las empresas afectadas por el cierre y la Conselleria de Medi Ambient y también la de Indústria las que deben decidir sobre el previsto plan de restauración de las canteras.