En total, según ha publicado el BOIB, más de 150 personas
formarán parte de los tribunales que organizarán y evaluarán las
pruebas de catalán de los niveles A, B, C y D.
Algunas de estas personas ya han expresado su disconformidad con
haber sido seleccionadas para formar parte de los tribunales. De
hecho, una buena parte de los integrantes de estos órganos no
acudieron voluntariamente al llamamiento que hizo la Conselleria
d'Educació a los profesores de institutos para que
participasen.
El mismo director general de Política Lingüística, Miquel Melià,
reconoció que «para que nadie dijese que el procedimiento era
'dictatorial', planteamos una convocatoria abierta a los centros
docentes. Así, quien quisiera participar en los tribunales se podía
presentar». Sin embargo, Melià admitió que los profesores que se
ofrecieron son insuficientes y «aleatoriamente, con ordenador, se
ha seleccionado al resto».
En conjunto, el personal que examinará en enero «son
funcionarios que están en la Administración, como asesores
lingüísticos y técnicos de servicio, y profesionales de la lengua
catalana», explicó el director general.
Muchos de estos «reclutados» ejercen de profesores de lengua
catalana en los institutos. En este sentido, el Govern está
convencido de que puede contar con estos profesionales para
funciones ajenas a la docencia.
Con este sistema, la Conselleria d'Educació quiere evitar los
«problemas técnicos» que tuvo durante el invierno pasado para
corregir las pruebas convocadas por la extinta Junta Avaluadora de
Català.
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