Cort ha decidido aparcar el proyecto de soterramiento de la autovía
de Llevant en el tramo frente a la fachada marítima. El teniente de
alcalde d'Urbanisme del Ajuntament, Javier Rodrigo de Santos, lo
confirmó ayer en la comisión informativa convocada en el Ajuntament
en la que cada miembro del equipo de gobierno presentó sus
presupuestos para el año que viene.
El teniente de alcalde d'Urbanisme vinculó la posible realización
de esta obra a la prevista ampliación del puerto de Palma en la
zona del Dique del Oeste. «Toda la previsión queda condicionada al
desarrollo de la ampliación del puerto y al uso ciudadano que se dé
al Moll Vell cuando el tráfico de mercancías se traslade al Dique
del Oeste», dijo. En otras palabras, que hasta que no haya
ampliación del puerto, no habrá soterramiento del tráfico.
«No es una prioridad ni financiera ni política», admitió el
concejal. Rodrigo de Santos reconoció que en los presupuestos del
año que viene no se incluye ninguna previsión económica para
acometer el inicio de la obra y aseguró que, por parte de la
institución municipal, el asunto queda «congelado».
Pero no fue ésta la única información relevante que ofreció el
teniente de alcalde d'Urbanisme sobre sus presupuestos. Adelantó
que Govern y Cort deberán renegociar el convenio firmado en su día
para ejecutar la fase de urbanización de la fachada marítima debido
a una serie de problemas planteados por la Agencia Tributaria.
Rodrigo de Santos explicó que, tal y como está planteado el
convenio, el Ajuntament de Palma debería pagar a Hacienda cuatro
millones de euros en concepto de IVA por toda la operación
urbanística. Para tratar de eludir el pago de este IVA, que en
ningún caso revertiría ni en las arcas municipales ni en las de la
Comunitat ya que se trata de impuesto del Gobierno central, Rodrigo
de Santos explicó que la Direcció General de Tributs del Govern y
el propio Ajuntament están estudiando la posibilidad de que sea la
Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMOP) quien firme el
convenio.
Sería el EMOP quien pagaría los cuatro millones de IVA, que
luego volverían al Ajuntament tras la devolución de Hacienda. «El
Ajuntament y el Govern deberán replantearse todo el convenio para
que los ciudadanos no pierdan estos cuatro millones de euros»,
afirmó el teniente de alcalde en la reunión.
Esta opción evitaría, además, que el Ajuntament de Palma tuviera
que ceder los terrenos de la fachada marítima a la empresa
municipal, según Javier Rodrigo de Santos.
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