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De confirmarse que el Gobierno central no tiene previsto invertir en las carreteras y en los ferrocarriles de Balears ni un euro de los 242.000 millones de euros que sí invertirá en el resto de comunidades autónomas -excepto Canarias-, nos encontraremos ante una de las mayores tropelías cometidas por un Gobierno central en contra de una comunidad autónoma. Curiosamente ambos ejecutivos están dirigidos por presidentes de distinto color político, aunque ello no tendría por qué suponer traba alguna.

La indignada reacción del Govern no sólo no es sorprendente, sino que está más que justificada. Balears presenta un déficit histórico de inversiones y es de justicia que el Gobierno central colabore para resolverlo, de la misma manera al mismo nivel que colabora para solucionarlo en el resto de comunidades autónomas. El Gobierno debe rectificar e incluir a las Islas en la previsión de inversiones en infraestructuras para los próximos años. No basta que la ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, asegure que la negociación con Balears se hará a través de un convenio porque los ciudadanos y las instituciones de las Islas están demasiado acostumbradas a que las buenas promesas terminen arrinconadas en los cajones ministeriales.

Y a la hora de conseguir que el Gobierno rectifique es fundamental el papel de los socialistas de las Islas. Francesc Antich debería ser consciente de que un bloqueo absoluto a las peticiones del Govern puede tener un indeseado efecto boomerang. Por eso, y por la responsabilidad que asumió al convertirse en representante de las Islas en el Congreso, debe hacer todo lo que esté en su mano para que semejante discriminación cometida contra los ciudadanos de Balears sea subsanada de inmediato.