Nekane Domblás26/01/05 0:00
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El Grup Parlamentari Socialista ha presentado una petición de interpelación parlamentaria al Govern en la que pide que el Ejecutivo de Jaume Matas dé explicaciones sobre la «falsificación» de la fecha 31 de diciembre de 2004 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) numerado con el 189. En este boletín oficial se publicaron dos acuerdo del Ajuntament de Inca para la subida de diversas tasas municipales. Los socialistas también aprovecharán esta interpelación para pedir explicaciones sobre la edición de otro boletín extraordinario, el número 188, en el que salió publicado el Plan Territorial de Mallorca, lo que permitió que entrara en vigor el mismo 1 de enero. Sin embargo, tanto en un caso como en el otro, los socialistas tienen constancia de que no fueron realmente publicados el día 31 de diciembre, sino varios días más tarde -incluso semanas más tarde-, pero fechados en el último día del año 2004.

«La falsificación de la fecha de un boletín oficial es un hecho de altísima gravedad que exige una explicación inmediata por parte de los miembros del Govern responsables del servicio, que no se había producido hasta ahora, lo que indica que no se trata se un incidente involuntario, sino de una decisión consciente del Govern», señalan los socialistas en su interpelación. Debido a la «gravedad» de este asunto, los representantes socialistas en el Parlament piden que sea debatido por la vía de urgencia. El diputado socialista Antonio Diéguez, autor de la petición de interpelación junto a la portavoz del grupo, Francina Armengol, apuntó que, si las explicaciones no son satisfactorias, su partido llevará el asunto a los juzgados ya que entienden que se ha producido una auténtica falsificación en un documento oficial.

«La fecha que debe constar en los boletines es la de su auténtica publicación y no la que alguien se invente en función de sus intereses», afirmó Diéguez. En el caso de las tasas municipales de Inca, el diputado socialistas aseguró que reúne los requisitos para que cualquier ciudadano del municipio lo impugne y los tribunales le den la razón. En el caso del Plan Territorial, aseguró que las consecuencias jurídicas aún pueden ser más graves. Para el diputado socialista, la responsabilidad de que el considera una falsificación no es ni del Consell ni del Ajuntament de Inca, sino del Govern balear, como máximo responsable del BOIB y, más concretamente, de la vicepresidenta Rosa Estaràs, que es de quien depende esta publicación oficial. Antonio Diéguez señaló que un hecho de esta características no tiene precedentes en una administración «que pretende tener un funcionamiento democrático». Reiteró que la publicación real del documento, no la fecha, es la que marca los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, por eso el cambio de fecha de publicación es un hecho «gravísimo».