Juan Mestre11/02/05 0:00
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Balears copiará un artículo del Estatuto de Canarias para obligar aún más al Estado a compensar la insularidad. El Govern propondrá introducir en el artículo 58.5 del Estatut de Balears, bien en la propia ponencia parlamentaria mediante una propuesta del PP o en el «comité de sabios», un añadido por el cual se exigirá a los poderes públicos del Estado a «modular» la insularidad de las Islas en materia de transportes, telecomunicaciones, medio ambiente, puertos, aeropuertos e inmigración. Esta incorporación al nuevo Estatut obligaría al Gobierno central a compensar las desigualdades que sufre Balears por la insularidad y equipararía a las dos comunidades autónomas desde el punto de vista estatutario, aunque Canarias tiene un régimen diferente por ser una región ultraperiférica y, por supuesto, muchas más ventajas fiscales.

El director general de Proyectos, José Antonio Rosselló, visitó la semana pasada la Comunidad Canarias para conocer cómo están impulsando en aquella autonomía la reforma del Estatuto con la intención de buscar coincidencias y asumir algunas propuestas. «La situación de ambas comunidades es diferentes porque Canarias es una región ultraperiférica, pero podemos aprovechar este artículo que plantea la necesidad de que el Gobierno module las necesidades de la insularidad a través de dinero e inversiones; sería muy importante para Balears», explicó Rosselló a este periódico.

La inclusión en el Estatut de Balears del término «modulación» podría obligar al Gobierno central a compensar la insularidad de Balears, incluso más que un Régimen Especial que apenas ha sido desarrollado desde Madrid. Algunos juristas consultados coinciden en que añadir artículos en el Estatut sobre la insularidad también obligaría a la Unión Europea a tener un trato diferente hacia Balears.

Además, los dos gobiernos acordaron que se convocará en breve una reunión de los «comités de sabios» de ambas comunidades para que compartan opiniones y expliquen las conclusiones a las que han llegado sobre la reforma estatutaria. Para Balears, la aportación de los juristas de Canarias será muy importante ya que en aquella comunidad llevan trabajando casi un año en la reforma estatutaria. En Balears, poco más de un mes.

Precisamente, uno de los asuntos que más debates puede provocar en el seno de esta futura reunión será la reivindicación de Canarias de gestionar y controlar de forma directa la inmigración. Canarias se queja de que el Gobierno central no actúa con contundencia, que aquella comunidad se ha convertido en un paraiso para los inmigrantes, y el Gobierno canario quiere asumir las competencias por delegación. Algunas de estas aspiraciones de los canarios ya ha sido criticadas por el Gobierno central, que no parece dispuesto a aceptar la reforma del Estatut que plantea el Ejecutivo que preside Adán Martín. El ministro Jordi Sevilla ya ha sido el primero en cuestionar las aspiraciones del futuro Estatuto canario.

Desde Canarias sostienen que «el nivel al que está llegando la inmigración no se puede combatir con las políticas pasivas que ha llevado el Gobierno de Madrid hasta ahora».

Otro aspecto de máxima preocupación en Canarias es el incremento de población, una problemática que está vinculada a la inmigración. La reforma del Estatuto de Canarias ha lanzado un debate que comenzó hace tiempo en Balears, hace aproximadamente seis o siete años. «Canarias no tiene capacidad para mantener el nivel de personas que llegan a las islas», sostienen en aquellas islas. Al igual que en Balears, el incremento de la población en Canarias ha provocado desequilibrios en el nivel de los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación, vivienda y seguridad. Canarias aspira, por ejemplo, a tener las competencias en puertos y aeropuertos para realizar un control más efectivo sobre las personas procedentes de países no comunitarios. En cambio, Balears ni se plantea estas reivindicaciones que exigen los canarios.