Balears copiará un artículo del Estatuto de Canarias para obligar
aún más al Estado a compensar la insularidad. El Govern propondrá
introducir en el artículo 58.5 del Estatut de Balears, bien en la
propia ponencia parlamentaria mediante una propuesta del PP o en el
«comité de sabios», un añadido por el cual se exigirá a los poderes
públicos del Estado a «modular» la insularidad de las Islas en
materia de transportes, telecomunicaciones, medio ambiente,
puertos, aeropuertos e inmigración. Esta incorporación al nuevo
Estatut obligaría al Gobierno central a compensar las desigualdades
que sufre Balears por la insularidad y equipararía a las dos
comunidades autónomas desde el punto de vista estatutario, aunque
Canarias tiene un régimen diferente por ser una región
ultraperiférica y, por supuesto, muchas más ventajas fiscales.
El director general de Proyectos, José Antonio Rosselló, visitó
la semana pasada la Comunidad Canarias para conocer cómo están
impulsando en aquella autonomía la reforma del Estatuto con la
intención de buscar coincidencias y asumir algunas propuestas. «La
situación de ambas comunidades es diferentes porque Canarias es una
región ultraperiférica, pero podemos aprovechar este artículo que
plantea la necesidad de que el Gobierno module las necesidades de
la insularidad a través de dinero e inversiones; sería muy
importante para Balears», explicó Rosselló a este periódico.
La inclusión en el Estatut de Balears del término «modulación»
podría obligar al Gobierno central a compensar la insularidad de
Balears, incluso más que un Régimen Especial que apenas ha sido
desarrollado desde Madrid. Algunos juristas consultados coinciden
en que añadir artículos en el Estatut sobre la insularidad también
obligaría a la Unión Europea a tener un trato diferente hacia
Balears.
Además, los dos gobiernos acordaron que se convocará en breve
una reunión de los «comités de sabios» de ambas comunidades para
que compartan opiniones y expliquen las conclusiones a las que han
llegado sobre la reforma estatutaria. Para Balears, la aportación
de los juristas de Canarias será muy importante ya que en aquella
comunidad llevan trabajando casi un año en la reforma estatutaria.
En Balears, poco más de un mes.
Precisamente, uno de los asuntos que más debates puede provocar
en el seno de esta futura reunión será la reivindicación de
Canarias de gestionar y controlar de forma directa la inmigración.
Canarias se queja de que el Gobierno central no actúa con
contundencia, que aquella comunidad se ha convertido en un paraiso
para los inmigrantes, y el Gobierno canario quiere asumir las
competencias por delegación. Algunas de estas aspiraciones de los
canarios ya ha sido criticadas por el Gobierno central, que no
parece dispuesto a aceptar la reforma del Estatut que plantea el
Ejecutivo que preside Adán Martín. El ministro Jordi Sevilla ya ha
sido el primero en cuestionar las aspiraciones del futuro Estatuto
canario.
Desde Canarias sostienen que «el nivel al que está llegando la
inmigración no se puede combatir con las políticas pasivas que ha
llevado el Gobierno de Madrid hasta ahora».
Otro aspecto de máxima preocupación en Canarias es el incremento
de población, una problemática que está vinculada a la inmigración.
La reforma del Estatuto de Canarias ha lanzado un debate que
comenzó hace tiempo en Balears, hace aproximadamente seis o siete
años. «Canarias no tiene capacidad para mantener el nivel de
personas que llegan a las islas», sostienen en aquellas islas. Al
igual que en Balears, el incremento de la población en Canarias ha
provocado desequilibrios en el nivel de los servicios públicos,
especialmente en sanidad, educación, vivienda y seguridad. Canarias
aspira, por ejemplo, a tener las competencias en puertos y
aeropuertos para realizar un control más efectivo sobre las
personas procedentes de países no comunitarios. En cambio, Balears
ni se plantea estas reivindicaciones que exigen los canarios.
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