El Consell de Mallorca quiere aprovechar la tramitación de la
reforma del Estatut d'Autonomia para aumentar el poder político de
estas administraciones dentro del entramado institucional de la
Comunitat. El gobierno que preside Maria Antònia Munar entregó ayer
a los partidos de la institución un documento que recoge ideas
sobre la reforma del Estatut d'Autonomia, en el marco de la
comisión creada la pasada semana para analizar la reforma del
Reglamento de la institución y la reforma de la Carta Magna
balear.
Entre otras cuestiones, el documento presentado por el
vicepresident, Miquel Nadal, propone aprovechar la modificación
estatutaria para validar jurídicamente la Ley de Consells Insulars,
sobre la que pesa la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad
presentado por el anterior Gobierno central. En este documento se
propone que el Estatut deje de considerar los Consells como
«administración periférica» y se reconozca que «son algo más» que
una simple provincia.
El Consell también quiere tener la potestad normativa en
aquellas competencias que le han sido atribuidas por el Govern.
Hasta la fecha, el Consell ejerce estas competencias, pero no puede
legislar sobre ellas. En esta línea, también quieren que se
reconozca la propuesta de la institución para tener iniciativa
legislativa como los diputados del Parlament o el propio
Govern.
La propuesta que realiza el Consell también recoge la
importancia de que el Estatut resuelva de una vez por todas el
problema de la financiación de estas administraciones, de forma que
no dependan, como ahora, de los recursos que les ceden los
gobiernos central y autonómico.
Además de la validación jurídica de la Ley de Consells, la
institución que preside Maria Antònia Munar quiere que el nuevo
Estatut recoja la posibilidad de que existan miembros no electos
con capacidad resolutiva y de gestión en la organización interna de
los consells.
Entre otras propuestas, además de fijar la posibilidad de que el
Govern pueda aprobar la cesión directa de competencias a los
ayuntamientos, el Consell quiere una nueva regulación sobre el
proceso de atribución de sus propias competencias, especialmente en
lo referido a la Comissió Tècnica Interinsular, que podría
desaparecer.
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