La reivindicación de que el plus de insularidad de Balears sea equiparado con el de Canarias ha provocado numerosas concentraciones
O. QUINTANILLA/S. CARBONELL
La Mesa de la Función Pública aprobó ayer tarde en Madrid con los
votos favorables de CCOO y UGT, incrementar la cuantía de la
indemnización por razón de residencia -en una media del 35 por
ciento- para los empleados públicos de la Administración General
del Estado destinado en las Islas. Durante el año 2005 se
continuarán las negociaciones sobre las indemnizaciones por
residencia que perciben los empleados públicos de las Islas, al
objeto de seguir adecuándolas a la realidad vigente del territorio
insular, según figura en el acuerdo. También se concretó que las
negociaciones no podrán suponer, en ningún caso, una minoración de
las cantidades percibidas en la actualidad por este concepto y que
el acuerdo tiene efecto retroactivo hasta el 1 de septiembre de
2004. Previamente todos los partidos políticos habían aprobado por
unanimidad en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso
de los Diputados, una proposición no de ley, a propuesta de
Izquierda Verde-IU-ICV, por la que la que se insta al Gobierno a
que se «revise» la indemnización por residencia a los funcionarios
de la Administración General del Estado y de Justicia de Balears y
a que «se realicen todas la medidas necesarias, incluidas las
presupuestarias, para proceder durante esta legislatura al
reconocimiento de dicha indemnización acorde a las circunstancias
propias y singulares de las Islas, teniendo como referencia actual
el complemento que perciben en Canarias».
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